El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) confirmó que una juez federal en materia administrativa otorgó una suspensión de amparo a un ciudadano que solicitó conocer las calificaciones que obtuvieron los 14 integrantes del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), durante su proceso de selección.
La jueza Primera de Distrito en Materia Administrativa, Paula García, hija de la ministra Olga Sánchez Cordero, ordenó al Comité de Evaluación del Senado difundir las calificaciones, así como los cuestionarios que fueron aplicados durante el proceso de selección.
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de datos, determinó en una resolución que estos datos no podían ser públicos.
Sin embargo, un ciudadano que no fue identificado recurrió al amparo, donde argumentó que son inconstitucionales los lineamientos de acceso a la información establecidos por el Comité de Evaluación del Congreso de la Unión, mismo que se encargó de seleccionar a los aspirantes propuestos al ejecutivo. La juzgadora le dio la razón.
La jueza García, al otorgar la suspensión definitiva del amparo, consideró que las restricciones al derecho a la información "no fueron razonables ni proporcionales".
En su sentencia señala que el cargo de comisionados para el IFT y Cofece requieren de diversos conocimientos técnicos, jurídicos y económicos, por lo que está dentro del mejor interés ciudadano conocer si los mismos han sido asignados a aquellas personas capacitadas.
Esta suspensión no es definitiva, pues el Comité de Evaluación del Congreso se puede inconformar.
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