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Juez desecha demanda de SCT contra Rivada

El juez consideró que la dependencia carece de legitimación para presentar la denuncia por daño moral y difamación contra la empresa descalificada del concurso de la Red Compartida y que debió haber sido presentada por la PGR.
Redacción
05 marzo 2017 19:56 Última actualización 05 marzo 2017 19:58
torres red compartida

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Al considerar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) carece de legitimación para presentar una demanda por daño moral, el juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México desechó la demanda por difamación presentada por la dependencia federal en contra de Rivada Networks así como de su director Declan Ganley.

La empresa descalificada del concurso de la Red Compartida señaló en un comunicado que si la SCT alega una afectación a la federación, la demanda tuvo que haber sido presentada por la Procuraduría General de la República y no por la dependencia que encabeza Gerardo Ruiz Esparza.

A decir del juez, “el daño moral reclamado no es susceptible de afectar a la federación, por lo que en todo caso, se tendría que recurrir a la jurisdicción ordinaria. La decisión del Juez quedó en firme el pasado 28 de febrero, al no haber sido impugnada por la SCT, y fue publicada el primero de marzo”, señala el documento.

Asimismo, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Telecomunicaciones y Radiodifusión desechó el recurso de queja interpuesto por la SCT, con el que la Subsecretaría de Comunicaciones pretendía que la Juez Segundo Especializado desechara la demanda promovida en contra del fallo del concurso.

Ante este escenario Rivada reiteró que el juicio de amparo que emprendió mantendrá su curso y le dará seguimiento hasta agotar su cause. Asimismo, afirmó que le dará seguimiento también a la investigación que el Órgano Interno de Control de la SCT realiza, a fin de deslindar responsabilidades.

Rivada Networks fue eliminado del concurso de la Red Compartida por no pagar la garantía de seriedad por mil millones de pesos que establecían las bases de la licitación.