COATZACOALCOS.- La empresa Obras Portuarias de Coatzacoalcos (OPC) interpuso un amparo en contra del decreto publicado por el Congreso de Veracruz en junio pasado en el que se autoriza prolongar la concesión de la construcción del túnel sumergido a la empresa Fomento de Construcción y Contratas, propiedad de Carlos Slim, para que finalice su construcción en un plazo de un año.
Cornelius Versteeg Zebadúa, representante de OPC, afirmó que el motivo del amparo se debe a que durante la negociación entre la empresa concesionaria y el gobierno del estado para llegar a ese acuerdo no estuvieron incluidos proveedores con los que se tiene un adeudo de más de 830 millones de pesos.
Es por esto que pidió a los legisladores locales se analice el decreto y se pague la deuda con los proveedores por el trabajo ya realizado.
Versteeg Zebadúa consideró que la construcción del túnel sumergido se politizó debido a obras por más de 500 millones de pesos que estaban etiquetadas con recursos provenientes del Fondo de Desastres Naturales que fueron asignados a la empresa Fomento de Construcción y Contratas y no se realizaron, lo que contaminó la obra del túnel.
Independientemente de que los antiguos proveedores no participen en la parte final de la construcción del túnel sumergido, agregó, se busca que se liquiden los adeudos que se tienen con ellos sin afectar la finalización de la obra.
"Nos oponemos a que se haga un borrón y cuenta nueva de todos los adeudos que tienen con todas las empresas locales y nacionales".
La construcción del túnel sumergido sigue abandonada a pesar de que el pasado 10 de julio el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, aseguró la continuación de los trabajos.
Su construcción inició hace 11 años y a la fecha ha aumentado a más del doble su costo inicial.