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INAI ordena a SCT transparentar contrato con abogados extranjeros

Se trata de la demanda interpuesta en tribunales estadounidenses contra Rivada Networks, por el caso de la red compartida. El despacho contratado es Jones Day LLP.
Redacción
09 mayo 2017 10:33 Última actualización 09 mayo 2017 10:44
SCT

[La SCT señaló que se requieren 21 mil 213 millones de pesos para el puerto de Veracruz. / El Financiero]

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) entregar información sobre el contrato con el despacho Jones Day LLP, que defiende intereses de México ante tribunales estadounidenses.

Se trata de un contrato de 2016 para emprender acciones legales en contra de Rivada Networks y su director ejecutivo, Declan Ganley, por las descalificaciones al proceso de la red compartida que pretenden desprestigiar a México, a sus instituciones y a la SCT.

El sujeto obligado proporcionó una versión pública del documento, en que ocultó información confidencial, por lo cual el INAI ordenó dar a conocer las fechas límites de los reportes periódicos entregables; y el nombre de la persona física que trabaja para Jones Day LLP porque aparece como representante de la firma ante la SCT y esto no constituye ningún aspecto de su vida privada, señaló el instituto.

El comisionado Joel Salas expuso que el contrato adquiere relevancia al tratarse de la red compartida, que consiste en crear una red pública mayorista para aumentar la cobertura de los servicios de telefonía e internet móvil a casi el 92.2 por ciento de la población.

La demanda que se interpuso en Estados Unidos tiene el antecedente de que la SCT dio como ganadora a la empresa Altán para construir, operar y actualizar la Red, en febrero de 2016, mientras que Rivada Networks fue descalificada por no entregar la garantía de seriedad respectiva, según versiones periodísticas.

En su defensa, Rivada acusó a la SCT de permitir que Altán utilizara información confidencial para la elaboración de su propuesta; lo que provocó que la SCT solicitara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerciera su facultad de atracción sobre el caso.

“Las acusaciones hechas por Rivada Networks implican una seria afectación a la imagen de las instituciones mexicanas tanto a nivel nacional como internacional, sobre todo porque desde antes de iniciar el proceso licitatorio de la Red, el gobierno federal y la SCT indicaron que, para evitar suspicacias, se adoptaría el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas que hemos venido promoviendo tanto el Banco Mundial, Presidencia de la República, la Secretaría de la Función Pública y Transparencia Mexicana, que en este caso iba a actuar como testigo social”, explicó el comisionado.

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