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Imprecisión en Ley de Competencia pone en riesgo a empresas: expertos

A pesar de que existe un consenso en cuanto a que los cambios realizados a esta legislación la hacen más balanceada, aún permanecen aspectos que deben de ser definidos con mayor claridad, en particular las atribuciones de la Cofece.
Axel Sánchez
30 marzo 2014 21:7 Última actualización 31 marzo 2014 5:0
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(Notimex)

Las modificaciones que realizaron los diputados a la Ley de Competencia la hacen más balanceada, pero mantienen atribuciones a la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE) que se consideran riesgosas para las empresas.

Analistas consultados por EL FINANCIERO comentaron que es necesario mejorar la redacción de los artículos 52, 56, 58, 59, 60 y 127 de la propuesta de reglamento, de lo contrario seguirá la polémica sobre la nueva regulación económica.

Lucía Ojeda, directora de Análisis Regulatorio de SAI Consultores, dijo que los 90 cambios que realizaron los legisladores hacen más equilibrada la Ley, pero hay términos que se siguen sin una definición clara, como son “insumo esencial” y “barreras a la competencia”.

“En el articulo 94, la preocupación de las empresas no es tanto la redacción, sino que es un procedimiento nuevo que no existe en lugares como Estados Unidos o la Unión Europea, el cual sirve para regular mercados cuando no se ha realizado una práctica monopólica”, dijo la especialista.

Fernando Sánchez, consultor legal económico y expresidente de la desaparecida Comisión Federal de Competencia (CFC) consideró que la Ley ‘sigue muy genérica’.

“Se trató de definir de forma más precisa, pero aún están las facultades incrementales y normas que permiten la regulación a discreción de la CFCE”, comentó.

Uno de los artículos que más se discute es el número 52, el cual apunta que están prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas y las barreras que, en términos de esta ley, disminuyan, dañen o impidan la libre concurrencia o la competencia
económica.


La redacción del addendum implica la posibilidad de calificar una práctica o conducta como ilegal por el sólo hecho de que “condicione de cualquier forma” el proceso de competencia y libre concurrencia, alertaron los expertos.