El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) confía en cumplir en tiempo y forma con la agenda de regulaciones establecida en la reforma constitucional de telecomunicaciones, dijeron comisionados del organismo a EL FINANCIERO.
María Elena Estavillo, comisionada del IFT, informó que hasta ahora el organismo lleva adelantos considerables en las diversas regulaciones.
En la determinación de preponderancia, por ejemplo, el Instituto tiene un avance cercano a 80 por ciento, aseguró.
"Para nosotros es muy importante que haya claridad en lo que estamos haciendo, desde que empezamos nuestra labor tenemos muy claro el deber cumplir con este plazo de los 180 días (que concluyen el 9 de marzo) para todas estas tareas que se nos encomendaron en la Constitución".
Adolfo Cuevas, comisionado del IFT, coincidió al señalar que el regulador cumplirá dentro de los plazos establecidos con los objetivos planteados en la reforma constitucional, a pesar de no contar con una legislación secundaria.
"De todos (los temas) llevamos el avance necesario para poder cumplir en tiempo con la emisión de lo que corresponde en este término de 180 días de lo que marcó el Congreso en la reforma", dijo Cuevas.
Lo que podemos aportar es seguir trabajando y emitir las resoluciones que nos corresponden en cualquier asunto que sea de nuestra competencia, comentó.
A decir de los expertos, el IFT podría seguir siendo blanco de litigios por parte de los operadores.
LOS PENDIENTES
Entre hoy el próximo 9 de marzo, el IFT debe publicar las bases y convocatorias para licitar nuevas concesiones de frecuencias de televisión radiodifundida, agrupando por lo menos dos nuevas cadenas de televisión con cobertura nacional.
Debe determinar a los agentes económicos preponderantes en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, así como emitir su respectiva regulación.
También tiene el mandato de establecer medidas que permitan la desagregación efectiva de la red local del agente económico preponderante en telecomunicaciones, así como concluir al 100 por ciento la revisión de los títulos de concesión vigentes, a efecto de verificar el cumplimiento de sus términos, condiciones y modalidades, así como constituir el Registro Público de Concesiones.