El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) expidió las disposiciones regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica para los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.
En un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el organismo explica que este instrumento busca dar cumplimiento de sus atribuciones "en la sustanciación de los procedimientos en materia de competencia económica, en términos de la Ley Federal de Competencia Económica".
Precisa las definiciones de las conductas anticompetitivas y las reglas generales para el análisis y determinación del mercado relevante, poder sustancial, barreras a la competencia y la libre concurrencia, insumos esenciales y condiciones de competencia efectiva.
Establece además aspectos como las concentraciones, a fin de lograr una mayor eficiencia e incidir favorablemente en el proceso de competencia y libre concurrencia, cuando el agente económico demuestre que las ganancias en eficiencia superarán de forma continua sus posibles efectos anticompetitivos en el mercado y resultarán en una mejora al bienestar del consumidor, abunda.
Señala que las disposiciones definen además las reglas generales aplicables a los procedimientos, de las investigaciones, de las comparecencias, de las visitas de investigación, y de los procedimientos y pruebas seguidos en forma de juicio.
Además, anota, prevén los procedimientos para la emisión de opiniones o resoluciones en el otorgamiento de licencias, concesiones, permisos y análogos; y para solicitar el beneficio de reducción de sanciones para el caso de prácticas monopólicas absolutas.
También establecen aspectos como las solicitudes de orientación general, del procedimiento para la emisión de opiniones promotoras de la competencia; y la solicitud de autoridad pública para iniciar un estudio, trabajo de investigación o informe general en materia de competencia y libre concurrencia.
El IFT agrega que dichas disposiciones, vigentes a partir de mañana, especifican además las medidas cautelares y de apremio, las sanciones, directrices, guías, lineamientos y criterios técnicos; las notificaciones, programa anual de trabajo e informes trimestrales y de la consulta pública.
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