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GDF no está cerrado
a la negociación con Consorcio de Línea 12

Ante la demanda interpuesta por el Consorcio Constructor de la Línea 12 del Metro, conformado por ICA, Alstom y Carso, que busca que el Proyecto Metro cubra al Consorcio Constructor pagos extraordinarios por trabajos de último momento, el GDF indicó que no está cerrado a la negociación.
Alberto González
10 marzo 2015 20:14 Última actualización 11 marzo 2015 4:55
Según estudios realizados por el STC y Proyecto Metro, se encontró que existe un riesgo de descarrilamiento de los trenes que prestan el servicio de esa línea que fue inaugurada apenas hace un año. (Eladio Ortiz)

De forma expresa en el contrato está señalado que no procede algún pago por trabajos que vayan más allá”, dijo el director de Servicios Legales de la Consejería Jurídica. (Eladio Ortiz)

El Gobierno de la Ciudad de México no está cerrado a negociar con el Consorcio Constructor de la Línea 12 del Metro en la demanda que presentó contra el Proyecto Metro, aseguró el director de Servicios Legales de la Consejería Jurídica, Jesús Rodríguez.

Sin embargo, dijo que hará valer todos los argumentos para defender el patrimonio de los capitalinos.

El contrato de la Línea Dorada señala que no procede ningún pago por trabajos extraordinarios, como los que reclaman ICA, Alstom y Carso, explicó Rodríguez, luego de que se diera a conocer que el Juez Décimo de lo Civil aceptó la demanda. 

De forma expresa en el contrato está señalado que no procede algún pago por trabajos que vayan más allá

La demanda busca que el Proyecto Metro cubra al Consorcio Constructor pagos extraordinarios por trabajos que surgieron de último momento en talleres, por la instalación de escaleras eléctricas, u obras donde consideran que tuvieron que realizar trabajos excedentes.

El 13 de diciembre de 2013, se llevó a cabo una reunión en la Contraloría General, en donde se presentó un peritaje conjunto, que confirmó gastos extraordinarios por parte de las constructoras. Proyecto Metro no estuvo de acuerdo con el resultado y no lo atendió porque no era vinculatorio y porque el contrato establece que no habría pagos extraordinarios, explicó Rodríguez.

El procedimiento conciliatorio concluyó con un dictamen contrario a lo que las empresas querían, después presentaron la denuncia ante un juzgado civil, sin haber agotado las instancias administrativas.

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