Claudia Alcántara
Como parte de la nueva Política Nacional de Vivienda, el gobierno federal creará un banco de tierra intraurbana que pondrá a disposición de las empresas constructoras de vivienda.
Para eso la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) -a través de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett)-dispondrá de recursos para la compra directa de tierra y hará uso de la figura de la expropiación.
El titular de la Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín, indicó que la Corett y el Registro Nacional Agrario (RAN) crearán 2 catálogos: uno que mida el volumen exacto de reserva actual disponible y otro de la reserva "negociable" con entidades federativas y municipios para convertirla en reserva intraurbana, es decir, dentro de las ciudades.
Dijo que la Secretaría de Desarrollo Social estima que existen hectáreas aprovechables dentro de las ciudades, lo cual anticipa el potencial que podría existir; los catálogos estarían listos a finales de este año.
En entrevista, el funcionario manifestó que esta información daría paso a la formación de un banco de tierra o reserva intraurbana que se pondrá a disposición de desarrolladores de vivienda para su adquisición, así como para la industria y la agroindustria (viveros), que también requieren espacios dentro de las ciudades.
Para la conformación del banco de tierra se preparan ya las condiciones jurídicas para avanzar en estos temas; sin embargo, anticipó que la Corett podría realizar compra directa y expropiación de terrenos.
Consideró que el término expropiación "suena agresivo", pero su uso obedecerá "a un criterio de velocidad", ya que es más fácil expropiar que comprar.
Según el Diccionario Jurídico Mexicano, la expropiación es una operación del poder público federal o de los estados, que consiste en desposeer legalmente de una cosa a su propietario por motivos de utilidad pública -y para realizar obras de interés general o de beneficio social-, otorgándole una indemnización.
Ramírez Marín expresó que la figura de expropiación ya ha sido utilizada por el gobierno federal, aunque en los últimos años descendió su práctica: la Corett pasó de realizar 250 expropiaciones al año a sólo 20; parte de los cambios que hará esta administración, indicó, será reforzar las funciones y presupuesto del organismo para utilizar este mecanismo.
Resaltó que las expropiaciones dependerán del uso y régimen de la tierra en cuestión; los terrenos más susceptibles de expropiación serían los ejidales, estatales y municipales. Los predios privados no serían afectados, salvo que se trate de un lote baldío invadido.
Expuso que la Corett actualmente no tiene recursos fiscales, por lo que recibiría capital para empezar el proceso. Para arrancar debería tener 1,200 millones de pesos (mdd) como capital base, que aumentaría progresivamente en los siguientes años.
Erradicar intermediarios
El secretario dijo que parte de las funciones de la Subsecretaría de Desarrollo Agrario de la Sedatu, será impulsar la creación de organismos ejidales inmobiliarios para salvaguardar el derecho de la propiedad de los ejidatarios en operaciones de compra-venta con desarrolladores.
Aseguró que el coyotaje o intermediarios en la venta de tierras ejidales a constructores de vivienda es una práctica común -incluso auspiciada desde la misma autoridad-, que en gran medida ha propiciado el "desorden" en el crecimiento de las ciudades.
Además de hacer un daño al desarrollo urbano, el coyotaje sobrevendía las hectáreas a constructoras a precios -por ejemplo en Yucatán- que iban de los 500 a cinco mil pesos el metro cuadrado, cuando su valor real era de siete pesos.
Añadió que el beneficio de contar con el banco de tierra sería para el vendedor, que recibiría lo que merece, y para el comprador, que adquiriría al precio real y no inflado por un coyote.
Efectos a largo plazo
Ramírez Marín aseveró que anticiparán la presentación de las reglas del Plan Nacional de Vivienda -que establecerán las medidas en temas de vivienda, subsidios, reservas, créditos hipotecarios, apoyos y restricciones-, a principios de junio, incluso antes.
Como la aplicación de los lineamientos será hacia 2014, la mayoría de la oferta de vivienda que existirá en los siguientes años estará en las zonas conurbadas.
Reconoció que a pesar de que conformen el banco de tierra intraurbana, la vivienda en estos terrenos será cara: los trabajadores con un ingreso mensual menor a cuatro salarios mínimos continuarán satisfaciendo sus necesidades de vivienda en las zonas conurbadas de las ciudades.
Sobre la preocupación latente de la viabilidad de las reservas territoriales de las constructoras de vivienda, el funcionario afirmó que la estrategia irá en torno a revisar los proyectos, no la localización de la tierra.
Manifestó que la Comisión Intersecretarial analizará las reservas inscritas en el Registro Único de Vivienda (RUV) hasta el 15 de abril. Se verá si son viables para la construcción de vivienda cerca o dentro de las ciudades.
La comisión se reunirá por primera vez hoy 3 de abril.
Con información de El Financiero Diario
Empresas