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Falta de autonomía del IFT restará velocidad a los procesos: Estavillo

La comisionada del IFT, María Elena Estavillo señaló que al rechazar la controversia en contra de la Ley de telcos que presentó junto con Labardini, se perdió la oportunidad de actuar de forma eficaz el tema de la autonomía del Instituto, lo que restará velocidad a los procesos para dimitir la inconstitucionalidad. 
Ana Martínez
07 septiembre 2014 19:45 Última actualización 08 septiembre 2014 4:55
María Elena Estavillo

María Elena Estavillo, comisionada del IFT. (Braulio Tenorio)

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) perdió la oportunidad de actuar de forma más eficaz, clara y directa para discutir los asuntos de inconstitucionalidad de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de acuerdo con las comisionadas Adriana Labardini y María Elena Estavillo, quienes presentaron controversias en contra de 52 artículos, mismas que fueron rechazadas por el Pleno del órgano regulador.

“El que no se haya votado en contra quiere decir que estas cuestiones de inconstitucionalidad se tendrán que ir ventilando una por una a medida que se tomen decisiones y que el IFT vaya aplicando la Ley en diferentes temas y aspectos. Va a ser una manera mucho más litigiosa, tardada y complicada para poder dirimir estas cuestiones de posible inconstitucionalidad”, dijo en entrevista María Elena Estavillo, comisionada del IFT.

El documento de 104 páginas es un dictamen que identifica una serie de artículos que servirían como base para acordar en el Pleno cuáles de ellos podrían constituir materia para la controversia, explicó. Los artículos se agruparon en torno a tres grandes temas: las disposiciones que podrían vulnerar las facultades del IFT como órgano regulador, la invasión de atribuciones por parte de otras entidades públicas y la intrusión de facultades para generar el estatuto orgánico y definir formas de organización interna del instituto.

En cuanto a las facultades reguladoras destacan el artículo noveno transitorio donde se habla de un régimen distinto a la Ley de Competencia Económica para tratar las concentraciones. En otros artículos se detallan las obligaciones que el IFT debería imponer a los agentes económicos preponderantes, debido al nivel de detalle técnico que se establece en los textos, como se da en el caso de la construcción de un modelo de costos o para establecer tarifas específicas.

“Para actuar eficazmente tenemos que tener una flexibilidad suficiente para estar reaccionando a las condiciones de los mercados y con el avance tecnológico que existe en las telecomunicaciones y radiodifusión no es posible definir reglas que puedan ser buenas para los próximos 20 años”, señaló Estavillo.

En su opinión, esta situación va a limitar seriamente la capacidad de actuar del IFT para generar las condiciones que necesitan los mercados en cada momento de la evolución tecnológica, cuyos procesos son cada vez más acelerados.

“Lo vamos a tener que pelear caso por caso. Los particulares también seguramente van a seguir peleando la inconstitucionalidad en casos concretos, seguiremos teniendo un sector altamente litigioso”, finalizó la comisionada.

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