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Al establecer en la Constitución elementos de la reforma en telecomunicaciones que debieran aparecer en la legislación secundaria se genera una rigidez de estricta interpretación, señaló el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).
Indica que de acuerdo con un análisis realizado por un panel de expertos convocados por el propio Centro, "el hecho de que varios aspectos técnicos de la reforma hayan tenido que ser especificados a nivel de la Constitución en lugar de ser desarrollados en legislación secundaria, podría derivar en una legislación rígida para el sector".
Al evaluar de manera colegiada la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, el Centro expone que la innovación tecnológica del sector genera la necesidad de no elevar a rango constitucional los detalles técnicos y operativos de la regulación y mantener el espíritu de las transformaciones en la Constitución.
"En todo caso, se advirtió que con base en esta perspectiva de técnica legislativa planteada en la propuesta, cualquier cambio necesario a la misma en un futuro deberá pasar por otro proceso de reforma constitucional", expone.
Menciona que el panel coincidió en que el carácter constitucional de la reforma se debe más a la peculiar cultura jurídico-política mexicana que a una ventaja en el diseño del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Expone que aunque se determinó la necesidad de una reforma de los órganos reguladores en telecomunicaciones y competencia, pues resulta fundamental eliminar la "doble ventanilla", se cuestionó que ésta tenga que realizarse elevándola al órgano regulador a nivel constitucional.
Advierte que aunque la reforma regulará telecomunicaciones, televisión y radiodifusión, quedan grandes espacios de radiodifusión y de transmisión televisiva sin normar.
"De lo anterior se desprende la importancia de enfatizar que existe un problema de falta de competencia, no sólo en las telecomunicaciones sino también en la radiodifusión y en la difusión televisiva", abunda.
En su estudio, el CEEY plantea la necesidad de que el poder Legislativo complemente su análisis y discusión con el apoyo de expertos en estas materias.
El experto en Competencia Económica e integrante del panel, Víctor Pavón, dijo que la evaluación se hizo sobre los aspectos de la reforma relacionados con la competencia económica, órganos reguladores, cambios a nivel constitucional y contenidos.
En el tema de competencia económica, consideró que es un acierto de la reforma el hecho de que el nuevo órgano regulador del sector posea facultades legales en la materia.
Si bien uno de los retos que habrá de enfrentar esta reforma es la curva de aprendizaje del nuevo IFT en materia de competencia, será posible atraer especialistas o generar mecanismos de colaboración institucional que fortalezcan la adquisición de capacidades, agregó.
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