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En el país existen alrededor de 1,200 casas de empeño irregulares, las cuales podrían desaparecer o cambiarse al sector formal tras las reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor, que entró en vigor en enero pasado.
El presidente de la Asociación Nacional de Casas de Empeño (Anace), Adolfo Vélez, dijo que la nueva legislación da mayores facultades a la Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco) para regular y supervisar a las casas de empeño, y ahora deberán estar registradas ante ese organismo.
Lo anterior, abundó, está dando como consecuencia que las casas de empeño cumplan con la normatividad establecida para su operación, pues de lo contrario no podrán operar, que incluye registrar sus contratos ante la Profeco y brindar información clara y visible a los usuarios, entre otras obligaciones.
"Esto va a llevar a un buen número de casas de empeño que hoy son irregulares a que dejen de operar", dijo el directivo en conferencia de prensa, donde señaló que en este momento se trabaja en la reglamentación de dicha legislación.
Las casas de empeño irregulares (que no cumplen con las normas, no tributan al fisco y no están registradas ante la Profeco) representan cerca de 15% del total de establecimientos de este tipo que hay en el país, que se estiman llegan a 8,200.
El representante del gremio destacó que la Asociación mantiene pláticas con la Procuraduría para que les permita a estas entidades prepararse, y aplicar de mejor manera la supervisión y en su caso las multas y sanciones.
Sin embargo, destacó, las casas de empeño ya han recibido visitas de la Profeco, en las cuales se establecieron sanciones menores, no multas, debido principalmente a una falta de interpretación de la norma, de ahí la importancia de contar con la reglamentación de la nueva Ley.
Vélez destacó también que las casas de empeño apoyarán la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual entró en vigor en el mes de julio, y obliga a estas empresas a reportar operaciones inusuales, con montos iguales o superiores a 100,000 pesos.
Aseguró que si bien las casas de empeño no son ajenas a la delincuencia organizada, las operaciones inusuales son mínimas en el sector.
Respecto a la reforma financiera, el director general de Prendamex, Roberto Alor, dijo que las casas de empeño buscan que las Instituciones de Asistencia Privada (IAP), como el Nacional Monte de Piedad o Montepío Luz Saviñón, paguen impuestos, debido a que las donaciones que realizan son menores en relación con sus utilidades.
De acuerdo con el directivo, la Ley permite a las IAP no pagar Impuesto Sobre la Renta (ISR), pero sí les obliga a trasladar el Impuesto al Valor Agregado (IVA); "algunas si están reteniendo ese impuesto y trasladándolo a la Secretaría de Hacienda, pero otras no, esto se convierte en una competencia desleal para las casas de empeño".
Resaltó que el mercado de las casas de empleo asciende a 30,000 millones de pesos, del cual el Monte de Piedad tiene 60%, es decir, alrededor de 18,000 millones de pesos.
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