La empresa Rivera Gas presentó este lunes una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de cuatro miembros de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) por presuntos actos de corrupción y obstrucción del arranque de operaciones de su planta de almacenamiento y distribución de gas LP en Tecate, Baja California.
En conferencia de prensa, el asesor jurídico de la empresa, Enrique Carpizo, detalló que la investigación recaería en Javier Govea Soria, director general de Supervisión, Inspección y Vigilancia de la Asea; Alfredo Orellana Moyao, director juridico de la Asea, así como a los inspectores adscritos de la agencia desconcentrada de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Marco Antonio Armenta, director general de la empresa mexicana rememoró el inconsistente proceso del cual han sido parte.
"Hace cuatro años, Rivera Gas solicitó y obtuvo el permiso número LP/14956/DIST / PLA /2016 de parte de la Agencia. Un año después, el mismo permiso fue ratificado por la ASEA y no hubo cambios en las condiciones a cumplir fue hasta ahora que se anunció la terminación de la obra y que está lista para ser usada cuando están agregando cambios en las condiciones de la planta uno de ellos es el cambio de uso de suelo", explicó el directivo.
Lo anterior derivó en que el 27 de mayo la terminal de almacenamiento y distribución fuera clausurada y resguardada por la Procuraduría General de la República (PGR) estando a un 2.5 por ciento de su culminación y arranque.
"La terminal debió abrir desde hace dos años; ha implicado una pérdida de 500 millones de pesos en ventas", subrayó Armenta.
En este espacio, los representantes de Rivera Gas destacaron cuatro puntos a resolver de manera prioritaria: la apertura y arranque de operaciones de la planta; la investigación y sanciones a quienes resulten responsables.
"Queremos hacer un llamado para que la nueva administración y el presidente esté atento a este caso", comentó.
Sobre el tema, la ASEA puntualizó a El Financiero que cualquier regulado que sienta que sus derechos han sido vulnerados cuenta con diversas herramientas para presentar su inconformidad ante esta autoridad, como lo es el derecho de audiencia, el cual se realiza bajo un estricto procedimiento de transparencia en apego a nuestro código de ética.
"Del mismo modo, cualquier regulado que considere que la ASEA no se ha conducido bajo los preceptos de oportunidad, imparcialidad transparencia y profesionalismo tiene el derecho de acudir a las instancias legales correspondientes para su debida atención", reiteró.