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Desechan amparo de Televisa contra Ley de telcos

El Consejo de la Judicatura Federal consideró improcedente el recurso legal interpuesto por la televisora. Sin embargo, se admitió la demanda de amparo en contra de actos del Pleno del IFT.
Redacción
08 abril 2014 19:38 Última actualización 08 abril 2014 19:45
Logotipo de Televisa. (Edgar López/Archivo)

Empresas mexicanas

El Poder Judicial de la Federación resolvió desechar un amparo promovido por Grupo Televisa en contra del el artículo octavo transitorio, fracción III, de la reforma constitucional en telecomunicaciones y competencia económica que se promulgó el 10 de junio de 2013.

Al mismo tiempo, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, admitió a trámite la demanda de amparo en contra de diversas decisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), así como de otras autoridades.

“En términos del artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo, únicamente por lo que hace al acto que se indica”, dijo el Consejo de la Judicatura Federal en el expediente 35/2014.

No obstante lo anterior, se admite a trámite la demanda de amparo en contra de actos del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de otras autoridades. Sin que deba tramitarse el incidente de suspensión de los actos reclamados, aclaró la autoridad.

El párrafo que combate Grupo Televisa indica que “se considerará como agente económico preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al 50 por ciento, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas…”.

Las disposiciones que combate Televisa, emitidas por el IFT, son aquellas relacionadas con la declaración de agente económico preponderante, una condición que fue determinada por el pleno del regulador el pasado 6 de marzo y que propició que la televisora de San Ángel quedara sujeta a diversas obligaciones específicas.