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El sector privado desestima la consulta pública sobre la construcción o no del Nuevo Aeropuerto de México al carecer de garantías de imparcialidad y objetividad, además de que al ser "inminentemente técnica", las autoridades e instituciones competentes deben tomar la responsabilidad de la decisión. Asimismo, reitera su posición a favor de continuar con su construcción en Texcoco, con múltiples estudios respaldando su funcionalidad, señaló el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
En un comunicado, la máxima cúpula empresarial advierte que las decisiones técnicas y de trascendencia económica y de infraestructura, deben ser asumidas por las autoridades, para eso el país vive una democracia representativa y no dejar que la ciudadanía lo decida.
"Las decisiones que conciernen al desarrollo económico y de infraestructura, con un alto grado de complejidad, deben ser asumidas por los funcionarios e instituciones públicas facultadas, quienes tienen la responsabilidad de procesar la información técnica, las consecuencias económicas y las preocupaciones ciudadanas, para concluir con la mejor opción. México es una democracia representativa (artículos 39 al 41 de la Constitución), por ende la responsabilidad jurídica y política de las decisiones gubernamentales es del gobierno", señala.
Detalla que el ejercicio que el equipo de transición propuso para consultar a los ciudadanos sobre el Aeropuerto Internacional de México, "además de ser inadecuado como mecanismo para la toma de decisiones, no es jurídicamente válido ni tiene sustento legal. No se circunscribe a las condiciones establecidas en la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en la Ley Federal de consulta Popular. En los términos en que está planteada, la consulta no tiene ninguna validez ni consecuencia jurídica y por ende no puede ser considerada legalmente vinculante".
Para el máximo organismo de representación del sector privado en México, como está planteada la consulta no ofrece garantías de imparcialidad, objetividad o seguridad; tiene un marcado sesgo en su formulación y planteamiento hacia una de las opciones puestas a consideración, "lo que la deslegitima como instrumento neutral de consulta efectiva a la ciudadanía", advierte.
Entre las interrogantes que los empresarios tienen sobre la consulta destacan los criterios técnicos de su diseño y para la selección de los municipios participantes y cómo esto generaría una muestra balanceada. No se han explicado medidas de seguridad para evitar el acarreo, compra de votos, duplicidad en los votantes y cómo se asegurará la transparencia e imparcialidad en el cómputo de los votos. No se ha establecido un umbral mínimo de votos para que la consulta resulte válida. Preocupa que varios de los miembros del Comité Técnico a cargo de la consulta han expresado públicamente su opinión a favor de la opción de Santa Lucía, dañando gravemente las posibilidades de equidad en el ejercicio.
"Consideramos que no existen las condiciones mínimas necesarias para que esta consulta pueda considerarse un ejercicio imparcial y objetivo. Si bien es positivo buscar una mayor participación ciudadana para la toma de decisiones de gobierno, ésta no puede reemplazar las responsabilidades de las instituciones del Estado", advierte el CCE en el comunicado.
La funcionalidad que representa el Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, la hace la opción más viable reitera el organismo empresarial, "ya que responderá a las necesidades de México en materia aeroportuaria durante los próximos 40 o 50 años; Santa Lucía quedará sobrepasado en pocos años. La alternativa es clara: destinar menos recursos ahora, para tener que gastar nuevamente muy pronto; o hacer una inversión de largo plazo para nuestro desarrollo", apunta.