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Contrato entre Altán y Promtel no frena demanda de Rivada contra SCT

La demanda hacia la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presentada por Rivada señala que el proceso del concurso por la Red Compartida fue ilegal, ya que estuvo plagado de varias irregularidades, además de la obtención de información confidencial.
Itzel Castañares
26 enero 2017 15:45 Última actualización 26 enero 2017 15:46
torres red compartida

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Rivada Networks mantendrá el proceso legal emprendido en tribunales mexicanos en contra la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) a pesar de que ya se concretó la firma del contrato de Asociación Público-Privada (APP) entre Altán y Promtel, un procedimiento con el que pretende demostrar que la descalificación del concurso de la Red Compartida fue ilegal.

A través de un comunicado, Rivada Networks acusó que además de la descalificación, existieron serias irregularidades por presuntos actos de corrupción durante el proceso. Entre otros aspectos, señala que Altán hizo uso de información confidencial y de que un gobierno extranjero (China) tiene participación en el consorcio ganador.

Consorcio Rivada emprendió dos juicios de amparo, mismos que se encuentran en curso y a los cuales se les dará seguimiento hasta agotar su cauce. Simultáneamente, se encuentra en curso una investigación del Órgano Interno de Control adscrito a la SCT a fin de deslindar responsabilidades, un proceso el que Rivada debe acompañar hasta que finalice.


“Todos y cada uno de los argumentos que ha presentado Rivada se encuentran debidamente fundamentados y gozan del respaldo de las evidencias que están siendo evaluadas por los jueces y por la Secretaría de la Función Pública”, señaló la firma en el documento.

En ese sentido, Rivada subrayó que insistirá en el proceso legal a fin de demostrar que se actuó ilegalmente en su contra y que el proceder de la dependencia federal fue parcial en un proceso que el consorcio considera debió ser equitativo.

“Por esta razón, Consorcio Rivada utilizará todos los recursos legales necesarios que permitan eliminar actos de corrupción que afectan los principios constitucionales y no permiten a la mayoría de los mexicanos obtener los enormes beneficios que representa una mejor propuesta para la Red Compartida”, precisó Rivada.