Pese a que la Secretaría de la Función Pública (SFP) realiza auditorías sobre los contratos de la española OHL México, el castigo que podría recibir la empresa luce lejano.
Una revisión realizada por EL FINANCIERO a la base de empresas inhabilitadas de la SFP revela que hay firmas que tienen multas desde hace más de 10 años, no las han pagado y aún así pueden participar en concursos del gobierno federal.
Al 29 de junio, las empresas inhabilitadas y multadas sumaban mil 503 proveedores y contratistas sancionados, de los cuales el 18 por ciento contaba con más de una multa y el 72 por ciento con una multa y un periodo de inhabilitación.
De acuerdo con información de la SFP, hay contratistas que tienen multas desde 2005 y no han cubierto el pago de la misma, las cuales van desde un peso, hasta montos por más de un millón de pesos.
La compañía C y J Constructores cuenta con 7 multas por un monto total de 8 millones 860 mil pesos y con plazos de inhabilitación de 3 años y 9 meses que iniciaron en 2010 y 2012, luego de presentar información falsa.
Otro caso es el de la distribuidora de material para laboratorios clínicos y hospitales, BPL, que tiene una multa desde 2005 por 67 mil 700 pesos. La multa estuvo acompañada de una inhabilitación por tres meses, debido a que no se formalizó un contrato otorgado por la Secretaría de Salud.
Ricardo Corona, abogado general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), explicó que las multas impuestas no implican que las empresas no puedan participar como contratistas del gobierno, mientras que la inhabilitación para participar en nuevas licitaciones o adjudicación de contratos es sólo por un plazo definido, tras el cual, pueden volver a participar.
Las multas pueden ir desde 10, a mil veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal al mes, de acuerdo con la SFP.
"Cuando es una multa de varios millones, vas a tener incentivos para ejecutar varios procesos jurídicos para impugnar dichas multas y esto también es un caminar que te puede llevar muchos años", dijo Corona.
En respuesta vía correo electrónico, la SFP explicó que las multas se asignan a empresas que infringen la disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y las inhabilitaciones bajo casos como haber rescindido un contrato con dos o más dependencias del gobierno en un plazo de tres años o que se proporcione información falsa, se actúe de mala fe o con dolo.
"El problema es que no se está siguiendo el lineamiento como está diseñado, que haya multas y sanciones; hay una falta de mecanismo de control y eficacia", recalcó el experto del IMCO.
