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Contrapesos para nuevos reguladores de telecomunicaciones: Cofetel y CFC

12 febrero 2014 4:53 Última actualización 15 abril 2013 7:54

[Bloomberg] Concentración de atribuciones en un nuevo instituto sería contraproducente: comisionados. 


 
Adrián Arias / Isabel Becerril
 
Miembros de las comisiones federales de Telecomunicaciones (Cofetel) y de Competencia (CFC) indicaron que la iniciativa de reforma constitucional en telecomunicaciones requiere cambios para dar más contrapesos a las facultades de los 2 nuevos organismos reguladores que se crearían; de lo contrario habría efectos contraproducentes que dificultarán regular al sector.
 
Los 10 miembros que integran los plenos de la Cofetel y de la CFC acudieron al Senado de la República a dar sus opiniones sobre la reforma constitucional que analizarán y votarán los legisladores esta semana.
 
Los elementos que más preocuparon a los comisionados son las facultades del nuevo Instituto Federal de las Telecomunicaciones (IFT) y de la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE).
 
"Resulta contraproducente transferir al IFT las facultades de aplicación de la Ley de Competencia, específicamente la prevención de concentraciones y la sanción a prácticas monopólicas, en los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones", dijo Eduardo Pérez Motta, presidente de la CFC.
 
Explicó que estas tareas requieren una "especialización técnica" que la CFC ha tardado casi 20 años en perfeccionar: "Transferir las facultades al IFT podría implicar, de facto, exentar a estos mercados de la aplicación eficaz de la Ley de Competencia por varios años", alertó.
 
Agregó que el requisito de reciprocidad para la inversión extranjera directa en radiodifusión, establecido por la Cámara de Diputados, "toma como rehenes a los consumidores mexicanos para proteger el interés de unas cuantas empresas: en una industria intensiva en capital y tan concentrada como la radiodifusión en nuestro país, esto es especialmente contraproducente", aseveró.
 
Mony de Swaan, presidente de la Cofetel, explicó que las empresas deberían contar con un recurso de revisión para tener la posibilidad de revocar las decisiones que tome el instituto, pues no tendrán la oportunidad de solicitar la suspensión de sus resoluciones mediante el amparo.
 
Coincidió en que se debe eliminar la cláusula de reciprocidad para la inversión foránea en radiodifusión e imponerse obligaciones de cobertura en los servicios de banda ancha que se prestarán con las redes troncales del Estado.
 
Gonzalo Martínez Pous, comisionado de Cofetel, solicitó que haya criterios de penetración de las señales de televisión digital, para concretar el apagón analógico de la televisión abierta en 2015; de lo contrario se corre el riesgo de que la población de menos ingresos del país pueda quedarse sin este servicio.
 
Por otro lado, dijo que pese a su falta de atribuciones, la Cofetel ganó 72% de los juicios que se presentaron contra sus decisiones en 2012.
 
Alexis Milo, comisionado de Cofetel, propuso que una de las dos cadenas de televisión abierta que licite el IFT permita que los interesados accedan a frecuencias regionales y no sólo a bloques nacionales, para atender la demanda de contenido local.
 
Miguel Flores Bernés y Rodrigo Morales Elcoro, comisionados de CFC, coincidieron en que la próxima CFCE conserve la facultad de realizar las investigaciones por prácticas monopólicas y aprobación de concentraciones para evitar que el IFT sea objeto de captura por parte de los regulados. Cristina Massa, comisionada de la CFC, dijo que las decisiones de los nuevos reguladores deben ser revisadas por tribunales especializados en materia económica y de competencia: "Estamos separando la política de protección al consumidor y la de competencia de manera contraria al resto de las mejores prácticas internacionales", alertó.
 
José Antonio Ardavin, jefe de la oficina de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en México, advirtió que la CFCE y el IFT deberán estar integrados por profesionales de probada experiencia en el sector, pues de lo contrario ambas instituciones podrían politizarse.
 
Por otra parte, en el marco de la junta de Consejo Nacional del Consejo Coordinador Empresarial, realizada el viernes 12 de abril, el sector privado se manifestó preocupado por la intención de reformar el Artículo 28, en la parte referente a la competencia económica.
 
Se integró una comisión especial para ir al Senado, encabezada por Gerardo Gutiérrez Candiani, y explicar los errores de las reformas, entre ellos la modificación a ese artículo constitucional y posibles violaciones a algunas reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de otros acuerdos firmados por el país.
 
Con información de El Financiero Diario.
 
 
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