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Confía sector minero en que impuesto ecológico sea derogado

La Camimex considera que el impuesto ecológico, vigente desde el 1 de enero y que afecta al sector que aporta casi el 30% del PIB de la entidad, fue un acto unilateral y que el gobierno de Zacatecas excedió sus facultades legales al decretarlo.

La Cámara Minera de México (Camimex) informó que el sector minero de México continuará ejerciendo sus derechos constitucionales de defensa para intentar que se deroge el "impuesto ecológico", decretado por el gobernador de Zacatecas Alejandro Tello Cristerna.

Mediante un comunicado, la cámara que representa a las principales empresas mineras del país dijo que el gobierno excedió sus facultades legales en un acto que calificaron como unilateral.

"El impuesto fue aprobado por el Congreso de Zacatecas como resultado de un acto unilateral, ya que la aprobación de la Ley de Hacienda de Zacatecas no fue consultada con el sector productivo del estado", dicta el documento.

"El gobierno de Zacatecas habría excedido sus facultades legales e invadido atribuciones de competencia exclusiva de la Federación, por lo que confiamos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falle a favor de la controversia constitucional que promovió el Ejecutivo Federal en contra del impuesto minero", agregó.

El pasado 20 de febrero, la Presidencia interpuso ante la SCJN una Controversia Constitucional con la intención de echar abajo el impuesto, que está vigente desde el 1 de enero de 2017.

La industria minera contribuye al desarrollo social, a la generación de empleos y al cuidado del medio ambiente, y genera más de 350 mil empleos directos y más de 1.7 millones de indirectos a nivel nacional. Además, en Zacatecas, 12 mil personas laboran en esa industria que aporta casi el 30% del Producto Interno Bruto de la entidad.

La Camimex agregó que el sector minero opera con las mejores prácticas y rigurosos estándares internacionales en materia de medio ambiente, seguridad y salud, y al mismo tiempo es una de las industrias más gravadas del país ya que, además de la carga impositiva que aplica a todas las empresas, contribuye con los nuevos derechos mineros desde el 2014 que contemplan el 7.5% sobre las utilidades y el 0.5% sobre la extracción de oro, plata y platino.

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