Redacción
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia confirmó la sanción económica de 45.4 millones de dólares a la empresa Comcel, empresa subsidiaria de América Móvil y propiedad de Carlos Slim Helú, por abuso de su posición dominante y otras conductas infractoras de la libre competencia, de acuerdo con un comunicado emitido por la autoridad.
La SIC adoptó esta decisión en ejercicio de sus facultades de inspección, vigilancia y control del régimen de libre competencia, con el objeto de proteger y promover el bienestar general de los consumidores, la libre participación de las empresas en el mercado y la eficiencia económica, dijo la autoridad en un comunicado emitido el martes pasado.
La investigación permitió concluir que Comcel abusó de su posición de dominio al obstruir el mercado de la Portabilidad Numérica Móvil (PNM) impidiendo o dificultando la portabilidad y vendiendo más de un millón ochocientos mil teléfonos con bandas bloqueadas, así como abultando las cifras de portabilidad.
La SIC ratificó que Comcel incurrió en dos prácticas restrictivas de la libre competencia y confirmó la sanción impuesta por un valor total de 87 mil 750 millones 22 mil 500 pesos colombianos, un monto equivalente a poco más de 45.4 millones de dólares.
El antecedente
La semana pasada, la SIC sancionó en primera instancia a Telmex Colombia y Telmex Telecomunicaciones, empresas filiales de América Móvil, por la cantidad máxima que permite la regulación de mil 179 millones de pesos a cada una, lo cual equivale a un total de un millón 221 mil dólares, por no atender peticiones, quejas y recursos de los usuarios.
La SIC determinó que los proveedores de servicios de telefonía fija e internet, de manera sistemática, no dieron trámite a las peticiones, quejas y recursos de los usuarios de estos servicios.
Las autoridades colombianas aseguraron que las empresas del empresario mexicano Carlos Slim no dieron trámite a centenares de peticiones, quejas y recursos (PQR's), dentro de los términos establecidos por la ley, conducta que vulnera los derechos de los usuarios de sus servicios.