Adrián Arias
La falta de experiencia del Instituto Federal de las Telecomunicaciones (IFT) en materia de investigaciones contra prácticas anticompetitivas y la incertidumbre que se generará durante la transición entre los actuales organismos reguladores y la creación de las nuevas instituciones, implican retos que representarán riesgos en la aplicación de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones que aprobó el Congreso de la Unión.
"No va a haber quién sancione a las empresas, porque no hay conocimiento suficiente en el IFT para este tipo de investigaciones", afirmó Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia (CFC).
En entrevista, el funcionario afirmó que "el único elemento desafortunado" de la reforma en telecomunicaciones consistió en que el IFT concentrará todas las facultades para regular aspectos de competencia en los sectores de telecomunicaciones y de radiodifusión.
"Estoy casi seguro de que en poco tiempo los legisladores se darán cuenta de que fue un error, pero ya quedó así y espero también que yo me equivoque al pensar que esto va a significar una pérdida de balances, de contrapesos y de experiencia tanto en el área técnica como en precedentes judiciales, respecto a este tipo de investigaciones", destacó.
"He escuchado que muchas empresas de telecomunicaciones aplauden que estas facultades se vayan al IFT; eso me preocupa más porque cuando veo que un agente prefiere a un regulador, es como si un equipo de futbol prefiriera a un árbitro sobre otro, y eso es preocupante", dijo.
"Gran diferencia"
Por otro lado, Pérez Motta celebró el cambio que realizaron los diputados al Artículo 28 constitucional, pues evitará que las resoluciones de la nueva Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE) queden totalmente suspendidas en automático y sólo se aplicará la no suspensión a las multas y la desincorporación de activos: "Esa palabra (éstas) hará una gran diferencia", afirmó.
Añadió que en general la reforma es positiva y redundará en menores precios para los usuarios de servicios de telecomunicaciones, porque fomenta una mayor competencia en el mercado: "Veremos buenos resultados en el corto plazo porque el nuevo esquema regulatorio es mucho mejor que el actual", añadió.
Salomón Padilla, experto en telecomunicaciones, aseguró que la reforma enfrentará retos que podrían complicar su aplicación, debido a que se deberá crear una nueva ley convergente: "No todos los elementos son convergentes, pues hay redes e infraestructuras que sirven para diferentes fines y no son compatibles".
Agregó que se generará incertidumbre en el sector en la transición hacia los nuevos reguladores, ya que la reforma no aclara qué sucederá en este lapso: "Se desconoce qué pasará con las sanciones que se dicten en ese periodo de tiempo, con el otorgamiento de concesiones o permisos, además del futuro que tendrán las denuncias que se presenten. La reforma deja aquí un gran vacío legal".
Empresas, con cautela
Empresas como América Móvil (AMX) y TV Azteca advirtieron que la reforma podría impactar sus operaciones: "La reforma comprende algunos aspectos de radiodifusión que podrían implicar costos adicionales para TV Azteca", detalla la empresa en su reporte financiero anual.
AMX señaló también en su informe anual que las medidas que podrían ser negativas para sus negocios son:
"Sería prematuro predecir los efectos a largo plazo que pudiera tener la iniciativa de ley y el nuevo marco jurídico que contempla; sin embargo, estos efectos pudieran resultar adversos a nuestros intereses en aspectos significantes", añadió la compañía.
Información proporcionada por El Financiero Diario.