Las agencias calificadoras de deuda no advirtieron a tiempo sobre los riesgos financieros en que incurrían Geo, Urbi y Homex al revisar sus emisiones de deuda, las cuales se mantuvieron sin cambio hasta abril de 2013, señala el estudio "Estado Actual de la Vivienda en México 2013".
El documento elaborado por el Centro de Investigación y Documentación para la Casa (Cidoc) y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), indica que si bien había dudas sobre la viabilidad del modelo de negocios de las constructoras públicas ante el cambio en las políticas de apoyo al sector para incentivar la edificación urbana, la dimensión de los problemas de estas empresas estaban lejos de conocerse.
"Por un lado, la cartera de las empresas públicas no mostraba niveles de deterioro significativos, las agencias calificadoras no advirtieron mayores riesgos", agrega el documento.
La deuda de las empresas públicas de vivienda se multiplicó por tres y hasta por cuatro veces entre 2008 y 2012, obligándolas a generar mayor flujo de efectivo, detalla el estudio.
Sobre el grado de acumulación de inventarios de estas grandes vivienderas, menciona que no hay cifras precisas, dado que parte de estos se registraron como obra en proceso, cuando en realidad en algunos casos eran proyectos detenidos.
La reserva territorial, medida en unidades de vivienda, se mantuvo en ascenso y alcanzaba a cubrir más de 10 años.
La información relativa a las reservas territoriales resultó escasa y poco transparente, critica el documento. Temas como la distribución geográfica, la ubicación en cada municipio, la extensión, el derecho de uso de suelo y en general, el potencial para desarrollar vivienda en dichas reserva ha sido poco claro, considera.