Los mexicanos Carlos Slim y David Martínez, accionistas mayoritarios de América Móvil y Telecom, respectivamente, así como Telefónica Movistar, sufrieron el pasado 29 de diciembre un revés en Argentina debido a la reforma tributaria promulgada por el gobierno local de Mauricio Macri.
Las tres firmas habían presentado previamente una propuesta conjunta para bajar el pago de obligaciones tributarias, en particular en una de las tres que afectan directamente al consumidor.
El gravamen llamado "Impuesto Interno" se estableció en la década de los años 90 y se incrementó de 4 a 5 por ciento desde el pasado 29 de diciembre en el país sudamericano, dijo Gustavo Fontanals, experto en telecomunicaciones e investigador de la Universidad de Buenos Aires.
"El planteamiento de los operadores fue que la eliminación de ese impuesto reduciría los precios de los servicios, lo que en consecuencia podría abrir el acceso a la gente que no los tiene o que cuenta con planes muy limitados", agregó.
La GSMA, organismo que agrupa a los principales operadores móviles a nivel mundial, señaló en un reporte que los impuestos del sector móvil en Argentina representan un 44 por ciento del total de los ingresos del mercado, porcentaje superior al 19 por ciento que significan en México, al 12 en Perú o 16 por ciento en Colombia.
Un análisis de Ernst & Young presentado por ese organismo estimó que la eliminación de ese impuesto reduciría un 3.7 por ciento los precios de los servicios, además de plantear un escenario en el que se elevarían las inversiones, se generarían 16 mil 100 empleos y la ganancia anual al fisco a más de 980 millones de dólares.
El segundo impuesto que impacta a la industria de telecomunicaciones en Argentina es de 17 por ciento y aplica a todos los dispositivos electrónicos, incluyendo teléfonos móviles. Además, está relacionado con el desarrollo de una promoción federal industrial que consiste en poblar toda la región de Tierra del Fuego.
El gobierno sudamericano ha emitido un decreto en el que gradualmente ese gravamen se reducirá hasta llegar a cero en cinco años.
El tercero afecta a las empresas de todas las industrias que operan en Argentina e implica una tasa sobre los ingresos brutos que aplica a nivel local.
La reforma fiscal incluye un acuerdo pactado con las provincias para que se reduzca ese impuesto a cero en un plazo de un lustro.