Elecciones 2018

Ley de Seguridad Interior alimenta el posdebate

Los representantes de los cinco candidatos a la Presidencia de México no llegaron a un acuerdo sobre la eficacia de dicha norma.

Corrupción, impunidad, Ley de Seguridad Interior y amnistía a criminales fueron los temas que guiaron el posdebate entre los representantes de los cinco candidatos a la Presidencia de México.

En la discusión organizada en un noticiero de Televisa este lunes, Tatiana Clouthier, coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de coalición 'Juntos Haremos Historia', aclaró que dicha legislación debe ser modificada.

"La ley de Seguridad Interior no está bien hecha, hay mucho que quitarle", afirmó Clouthier.

Por su parte, Aurelio Nuño, representante de José Antonio Meade, afirmó que la Ley de Seguridad Interior había sido pedida por las fuerzas armadas desde hace quince años y señaló que ésta cumple con las demandas del Ejército, pero que es perfectible.

"La Ley de Seguridad Interior cumple con todo, pero es perfectible", subrayó el exsecretario de Educación.

Jorge Castañeda, representante de Ricardo Anaya, candidato de la coalición 'Por México al Frente', enfatizó en que la ley que regula la actuación del Ejército debe ser modificada.

Los representantes de los candidatos independientes (Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco') coincidieron en que se debe revisar y, en caso de ser necesario, mejorar la legislación en dicho rubro.

"En cuanto a la Ley de Seguridad Interior, hay que revisar y tratar de mejorar todo lo que tenemos", dijo Enrique Torres, representante del candidato independiente.

El Senado de la República aprobó en diciembre de 2017, en lo particular y en lo general, la Ley de Seguridad Interior, la cual otorga certeza jurídica a las Fuerzas Armadas.

Entre las modificaciones se incluye la precisión de que los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de la ley deberán respetar, proteger y garantizar en todo momento los derechos humanos y sus garantías.

Además, darán 180 días a los gobernadores para profesionalizar sus policías o por lo menos tener sus proyectos y presupuestos.

También se establece en el artículo ocho, que "las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen de conformidad con la Constitución, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior".

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