MÉRIDA. - Morena en Yucatán denunció a candidatos de Acción Nacional por supuesta utilización de recursos públicos para sus campañas. Los morenistas acusaron a los candidatos de beneficiarse, a través de supuestas empresas fantasmas, del Ayuntamiento de Mérida con más de 10 millones de pesos, por contratos de servicios autorizados por el actual abanderado a la gubernatura del PAN, Mauricio Vila Dosal.
En conferencia de prensa, el candidato a Senador de Morena, Rogerio Castro Vázquez, pidió a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) que investigue tres casos en los que están involucrados los aspirantes blanquiazules a los ayuntamientos de Dzilam González, Mama y Temax.
Castro Vázquez explicó que, en el caso del candidato a la alcaldía de Dzilam González, Edgar Lizama Camacho, se mantiene un contrato vigente por este año con el Ayuntamiento de Mérida, con el cual recibió, en 2016 y 2017, tres millones 333 mil pesos.
En el caso de José Wilberth González Escalante, aspirante del municipio de Temax, indicó que, mediante la empresa fantasma Procima y Construcciones S.A. de C.V., se benefició con seis millones 645 mil pesos por medio de sus hijos, Cindy y Jorge González Cruz, quienes aparecen como propietarios del negocio que le presta servicios a la comuna.
También, acusó, el candidato al gobierno del estado del PAN benefició desde la comuna meridana al panista y exempleado del Ayuntamiento de Mérida, Luis Manuel Hernández Manzanilla, abanderado a presidente municipal del municipio de Mama, quien obtuvo más de un millón 435 mil pesos. El candidato morenista calificó como grave dicha situación, porque, al ser empleado municipal, no podía tener contratos por servicios o como proveedor.
Rogerio Castro explicó que la exigencia para que la ASEY investigue es porque estos tres panistas se beneficiaron con recursos públicos a través de empresas fantasmas, pues ninguna de las tres cuenta con empleados dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ni infraestructura para prestar los servicios por los que fueron contratados.
Por ello, dijo, "pedimos a la ASEY investigar para determinar si las empresas cumplieron con sus obligaciones para dar un servicio al Ayuntamiento de Mérida y turnarlo a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para que realice las indagaciones de oficio, puesto que podrían estarse utilizando recursos públicos para financiar sus campañas".