El rumbo que tomen las autoridades al momento de definir qué servicio brindan aplicaciones como la de Uber marcará su desarrollo o freno en el mediano plazo, aunque hasta ahora poco se ha avanzado en el mundo, y mucho menos en México, explicaron los investigadores en materia económica Aitor Ortíz, del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), y Víctor Pavón Villamayor, de la consultora Oxford Competition Economics.
¿Es una competencia ilegal?
Aunque el gremio de taxistas lo ha marcado así, sus argumentos como que operan sin concesión ni licencias especiales como ellos, y que por tanto no existe un control por parte de la autoridad, refieren más a un problema de competencia desleal, la cual ni siquiera está legislada en México, a diferencia de las prácticas anticompetitivas que sí son ilegales, y que las prevé la legislación en materia de competencia, apuntó Ortiz.
¿Es un sistema público o privado?
Si se define como un sistema privado entonces no habrá argumento para decir que compiten con los taxistas; el problema es que si se concluye que sí brindan un servicio similar al del taxi, que es público, entonces estarían incumpliendo con los requisitos, explicó el investigador del CIDAC.
"Pero si se identifica a Uber como una fuerza competitiva importante que dinamiza el mercado de servicios de transporte público, entonces las posibilidades de limitar o restringir su operación es muy baja", opinó Pavón-Villamayor.
¿Es una empresa o una plataforma?
Ortiz considera que es una empresa porque tiene procesos de contratación y de prestación del servicio; pero si fueran sólo una plataforma para conectar a personas con los clientes para dar el servicio de transporte, pero se fija un precio, entonces se puede llegar al extremo de argumentar que funciona como un cartel, lo cual es ilegal.
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