Economía

Shipping Group se llevó el buque "extraviado" de Oceanografía

La compañía que arrendaba dos buques a Oceanografía disputa la tenencia de la embarcación con Marfield LTD tanto en juzgados y tribunales en México como en Londres.

La disputa por las embarcaciones especializadas de la prestadora de servicios Oceanografía han puesto en entredicho la vuelta en escena de la compañía que cayó en desgracia hace más de un año tras denunciarse un fraude al interior de una de los mayores clientes de Pemex.

Ahora Shipping Group, una compañía que le arrendaba dos de sus mayores buques el Caballo Marango y Caballo Maya, se disputa la tenencia de la última embarcación no sólo con Oceanografía, sino con Marfield LTD, la dueña originaria de esta embarcación, y que disputa la tenencia del barco tanto en juzgados y tribunales en México como en Londres ante la International Chamber of Commerce (ICC) a través de un arbitraje internacional.

Shipping Group solicitó al Juzgado Tercer de Distrito Civil, a cargo del juez Felipe Consuelo Soto, que desestimara su petición de requerir a la Procuraduría General de la República (PGR) información sobre la ubicación y estado del buque Caballo Maya, además de declarar improcedente la acusación que realizó el representante del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), José Enrique Castillo Carvallo, pues al determinar el levantamiento del concurso mercantil, éste quedó sin derechos sobre las embarcaciones.

"No es cierto que al haberse aprobado el convenio concursal celebrado por la comerciante y diversos acreedores, dicha persona no tenga legitimación para solicitar medida alguna en el presente asunto", expresó Consuelo Soto en una comunicación publicada en el sistema de información del Consejo de la Judicatura Federal este miércoles.

El juez desechó las peticiones de Shipping Group, quien tomó el control de la embarcación al menos desde la semana pasada, y la desplazó de Campeche a las costas de Veracruz, donde el buque quedó varado al impedírsele el acceso al puerto, por lo que la nave se encuentra en peligro incluso de naufragar ante su mal estado, y las condiciones climáticas del Golfo de México, según explicaron fuentes del equipo legal de Oceanografía este lunes.

21 BARCOS EN DISPUTA

A la disputa de estas embarcaciones se ha unido otro antiguo socio de Oceanografía, Candice Mexican Investment, quien ha solicitado la separación de 21 embarcaciones del proceso de reestructura de la compañía, al argumentar que no se las vendió a la empresa, sino que se encontraban bajo arrendamiento, por lo que exigían su devolución.

Pero el juez Consuelo Soto desechó los argumentos de la arrendadora de barcos, luego de tomar por válidas las manifestaciones hechas por Oceanografía donde mostró documentos donde existían acuerdos de compra/venta sobre las 21 naves, lo que demostraba la clara convicción de una transacción, por lo que no entraban entre los supuestos que marca la Ley del Concurso Mercantil para separar bienes.

"En ese sentido, resulta improcedente el incidente de acción separatoria que propone Candies Mexican Investments, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable; porque la separatista no acreditó haber realizado la devolución previa de la parte del precio recibido con motivo del convenio de cuentas por cobrar y de opción de compraventa de acciones y /o activos, celebrado el catorce de agosto de dos mil doce, lo que es una condición para la procedencia de la acción separatoria", explicó el juez tercero de distrito, en una comunicación publicada el martes.

El juzgador añade que quedaban pendientes de pago poco más de 293 millones de UDIS, cerca de 55 millones de pesos, derivado del reconocimiento de deudas que se realizó desde el año pasado, y el cual no impugnó Candies Mexican Investment.


Fuentes judiciales y de Oceanografía han asegurado que no se ha realizado ninguna inyección de los casi 75 millones de dólares que se habían comprometido a otorgar los nuevos accionistas de la compañía como parte del plan de reestructura para salir del Concurso Mercantil debido a la falta de celeridad de las autoridades para desasegurar los bienes de la empresa, junto con los juicios interpuestos en otros juzgados.

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