Economía

Secreto bancario ya
no servirá para
eludir información

Los artículos 117 y 118 de la Ley General de Transparencia establecen que la información relacionada al ejercicio de recursos públicos no podrá ser clasificada como secreto bancario.
Dainzú Patiño
21 abril 2015 0:34 Última actualización 21 abril 2015 5:5
Partidos Políticos. (Especial)

Los partidos políticos son algunos de los que no podrán invocar el secreto bancario. (Especial)

CIUDAD DE MÉXICO.- Sindicatos, partidos políticos, personas físicas y morales que manejen recursos públicos (sujetos obligados), no podrán invocar el secreto bancario, fiduciario o fiscal con la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Según los artículos 117 y 118, los sujetos obligados que se constituyan como fideicomitentes, fideicomisarios o fiduciarios en fideicomisos, así como usuarios o instituciones bancarias en operaciones, que involucren recursos públicos, no podrán clasificar como secreto bancario o fiduciario la información relativa al ejercicio de dichos recursos.

La disposición es positiva, pero “la aprobación de una ley, no necesariamente provoca un cambio, en este caso uno que abona a la rendición de cuentas. Tenemos que observar, que el órgano garante pueda tener el control y hacer efectiva sus atribuciones en materia de regular la transparencia de los recursos públicos”, señaló Óscar de los Reyes Heredia, director del Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey.


Si bien existe apertura en el tema de manejo de recursos públicos, hay una excepción para no abrir la información, ésta es que sacarla a la luz represente un peligro para la seguridad nacional. En este sentido, puede aplicar para el manejo de recursos destinados a actividades específicas orientadas a garantizar la propia seguridad nacional, explicó el especialista.

La Ley especifica que se considerará como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

Pedro Carreón, socio líder de Análisis y Estrategia de Política Fiscal de PwC, dijo que las nuevas disposiciones serán un motivo para que los sujetos obligados tengan mayor cuidado con las operaciones que realizan, también desalentará a que se lleven acciones inapropiadas con respecto al manejo de recursos públicos.

Sin embargo, para que se cumpla esta ley “hay que hacer un esfuerzo por mejorar el Estado de derecho, no estamos reprobados, pero tampoco estamos al 100”, dijo.

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