ZACATECAS.- La Secretaría de Economía estimó que durante 2015 se alcanzará una recaudación cercana a los 2 mil millones de pesos, derivado de la aplicación de los gravámenes a la minería, ante la baja de los metales.
Al encabezar la reunión de la Comisión de Minería de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el titular del ramo, Idelfondo Guajardo Villarreal, afirmó que la industria extractiva sigue fortalecida aún en regiones como Guerrero.
El funcionario federal explicó que está garantizada la transparencia en la aplicación de los recursos provenientes de la industria extractiva.
Para ello, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se conformarán comités que vigilarán la correcta aplicación de los recursos en los municipios.
Sin embargo, añadió que, parte de las soluciones de infraestructura y comunicación implica "que la definición no se suscribe al espacio del municipio" ya que existen casos donde se tienen que operar proyectos de geografía ampliada.
Esto es, que además de beneficiar al municipio donde se encuentra la minera, se tendrá que pensar en obras como caminos que atraviesan uno o más ayuntamientos diferentes al beneficiado.
Durante la reunión, informó Guajardo Villarreal que se debatirían estos temas así como la fórmula adecuada para la distribución de los recursos hacia los municipios.
De hecho, enfatizó en que la mayoría del dinero proveniente de los impuestos mineros será para los municipios, con un 67 por ciento, y el restante 37 por ciento será destinado a los estados y el resto para la federación.
Al ser cuestionado sobre la estimación de recaudación para el 2015, Guajardo Villareal solicitó el apoyo de Mario Cantú, director de Minas de su dependencia, quien afirmó que una primera estimación podría arrojar unos 2 mil millones de pesos.
Por su parte, Adolfo Bonilla Gómez, secretario de la Comisión Especial de Minería de la Cámara de Diputados, añadió que los comités que encabezará la Sedatu serán integrados por otras cuatro personas.
Además de gobierno federal se integrará un representante del gobierno estatal, del municipal, de las comunidades beneficiaras y un representante de la empresa minera; "con esto, se intenta garantizar la correcta aplicación de los recursos económicos".