GUADALAJARA.- El creciente robo de combustible a los ductos de Pemex creó un sistema financiero ilegal de ganancias jugosas, afirmó el presidente de la Unión de Gasolineros de Jalisco, Nayarit y Colima, Pablo González Córdova.
Las sustracciones provocaron la carencia de combustible a la venta en la zona metropolitana de Guadalajara Jalisco, además de Monterrey Nuevo León, y los estados de Tlaxcala, Puebla, San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima, Coahuila, y Chihuahua.
En entrevista, el líder de los empresarios gasolineros en el occidente del país refirió que el litro de combustible se vende hasta en diez pesos en el mercado negro.
Asimismo, afirmó que los delincuentes tratan de coaccionar a algunos encargados de estaciones de servicio para que les compren la gasolina a ellos y no a la paraestatal, "les dicen que es a un precio mucho menor que el oficial, y luego viene la amenaza: quemarles las instalaciones, privarles de la libertad, o asesinarlos a ellos o sus familiares; hasta 10 denuncias por mes se han registrado, sabemos que quien les compre, es bajo su propio riesgo", explicó.
ROBO DE ENERGÉTICO
Tan solo en Tabasco, en 2014 se reportó el robo de más de 20 pipas que abastecían gasolina, según datos de la Unión de Expendedores de Petróleo de Tabasco, Norte de Chiapas y Poniente de Campeche.
Mientras en Jalisco, en dos ocasiones, delincuentes sustrajeron pipas con combustible que ya habían sido aseguradas por la Procuraduría General de la República (PGR).
El robo del energético se concentra en 24 entidades del país, donde también se ha reportado el robo de pipas; Tamaulipas lideró a los estados con más robos, 699, el año pasado; en segundo lugar está Guanajuato con 425 y en tercero, Puebla con 337.
En marzo de este año se aprobó aumentar hasta 60 años de prisión la ordeña de combustible, y en nueve años se ha sometido a juicio a tres mil 290 de los tres mil y 736 personas por ese delito.
Por cada toma clandestina, Pemex interpone una denuncia en el plano federal, 12 mil 767 en los últimos 9 años, lo que llevó a la PGR a determinar que el personal de seguridad de la paraestatal implementara la cadena de custodia e hiciera el inventario pericial, para que esos datos se adjunten a la averiguación previa.