CIUDAD DE MÉXICO.- La propuesta de los legisladores para atender el 'fraude' de Ficrea y regresar los ahorros a las personas que depositaron su dinero en esta Sociedad Financiera Popular (Sofipo) afecta a los contribuyentes y a los intermediarios financieros del sector, afirmaron especialistas.
Enrique Cárdenas, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, afirmó que las acciones que están promoviendo los diputados y senadores deberían analizarse mejor, ya que el caso de Ficrea no merece las modificaciones que se pretenden implementar y mucho menos que se utilice dinero público.
Y más que la parte del dinero, el especialista resaltó que lo importante es el mensaje negativo que se envía de estar rescatando cuando la gente debería de preocuparse o leer más.
"No son inversionistas menores los que guardaron su dinero ahí, algunos de ellos pueden ser, pero otros son inversionistas que movieron su dinero para obtener rendimientos altos", resaltó Enrique Cárdenas.
Juan Musi, director general de estrategias de CIBanco, consideró al respecto que más que rescatar a las instituciones fraudulentas, los legisladores y las autoridades deberían centrarse en informar a las personas que buscan ahorrar, es decir, se deben difundir más campañas orientadas a la protección del ahorro.
Opinó que además se deben aplicar más candados a las instituciones que no están reguladas, que nacen para hacer estafas.
Por su parte Alejandro García, director senior de instituciones financieras de Fitch Rating destacó que la propuesta de los legisladores tiene una connotación negativa porque no envía un mensaje correcto y no abonan a la cultura financiera.
"Este tipo de soluciones no abonan, propicia a que la gente no ponga atención en los riesgos de los instrumentos en los que invierten su dinero", enfatizó el directivo de la calificadora crediticia.
LAS PROPUESTAS
Las propuestas que realizó la Comisión Bicameral del Caso Ficrea son las siguientes: crear un fondo de mil 600 millones de pesos con dinero del gobierno federal para pagar hasta un millón de pesos a ahorradores. Establecer un segundo fondo de mil millones de pesos, que se constituirá con recursos de Nacional Financiera.
Además se elimina la supervisión auxiliar, es decir las Federaciones de Sofipos. Se suprimen Sociedades Financieras Comunitarias (Sofincos). También proponen topar a 1 millón de pesos los ahorros para personas físicas y 5 millones para personas morales.
Se plantea fortalecer el gobierno corporativo de las Sofipos. Migrar el seguro de depósito al IPAB para que esta sea la única institución encargada de esta protección.
Se busca reforzar los mecanismos de educación financiera, para evitar que se esté generando una expectativa de tasas que están por encima del mercado.
Con la propuesta se buscará puntualizar los riesgos prudenciales que deben de tener las sociedades de ahorro y crédito popular. Se realizan reformas al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Para García, si bien el marco regulatorio de las entidades de ahorro y crédito popular debe fortalecerse, es necesario que existan modificaciones que ayuden a estas instituciones en el área de gobierno corporativo y administración de riesgos.
Ayer no se aprobó en el Pleno de la Cámara de Diputados la propuesta de Ley, y se difirió el debate para el martes, argumentando los congresistas agotamiento y que debían tomar sus vuelos hacia sus estados.