Economía

Reforma fiscal debe garantizar seguridad jurídica de empresarios

12 febrero 2014 4:16 Última actualización 20 mayo 2013 11:53

[Bloomberg] La Prodecon plantea que las leyes fiscales sean simples y de fácil comprensión. 


 
Notimex
 
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) presentó una agenda de 10 puntos para que la próxima reforma fiscal garantice la seguridad jurídica del empresario.
 
En esta agenda, el organismo autónomo plantea que las leyes fiscales sean simples y de fácil comprensión, facilidades administrativas para el pago de impuestos, así como disminuir los costos y complejidad en el pago de contribuciones, entre otros aspectos.
 
En la presentación de esta agenda, la Prodecon estimó que el sector empresarial es de gran trascendencia porque genera fuentes de trabajo, impulsa la economía y contribuye con poco más de 40% de la recaudación total del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
 
El subprocurador de Análisis Sistémico y Estudios Normativos, Juan Carlos Roa Jacobo, y el coordinador general ejecutivo de la Prodecon, Edson Uribe Guerrero, coincidieron en que estas propuestas consideran los problemas que el organismo ha detectado entre los empresarios mexicanos en materia fiscal.
 
La titular de la Prodecon, Diana Bernal Ladrón de Guevara, precisó que en un estado de Derecho, todas las personas, físicas o morales, tienen derechos y garantías, y corresponde a las autoridades, en su caso, probar que estos se portaron indebidamente o no.
 
"La Prodecon, como ombudsman del contribuyente, protege y tutela por igual a personas físicas o morales, ya que todas tienen derechos", subrayó al precisar que las personas físicas "nos duelen más, nos interesan de manera especial, nuestra vocación desde luego está con los más vulnerables".
 
No obstante, precisó, por ley la Prodecon también tiene relación con las empresas, y estudiar junto con ellas sus problemas sistémicos, pues a la generación de la riqueza todo mundo le apuesta.
 
El "decálogo" de la Prodecon para que la próxima reforma fiscal garantice la seguridad jurídica del empresario consiste en disminuir el costo del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los empresarios, generando un marco legal accesible y otorgando facilidades cuando sea necesario.
 
Además, en no impedir que las empresas arreglen su situación fiscal; reconocer que la generación de ingresos para estas organizaciones tiene costos, y que éstos deben descontarse de la base al momento de calcular el impuesto respectivo.
 
La Procuraduría planteó asimismo que los empresarios tienen derecho a no ser sometidos a criterios estandarizados; y no pueden ser tratados como presuntos evasores, y por ello, medidas extraordinarias como la inmovilización de cuentas bancarias no deben ser utilizadas en su contra de manera indiscriminada, o sin límites temporales o materiales.
 
También, debe permitirse que los empresarios revelen al SAT, en tiempo real, sus estrategias fiscales, a efecto de que la autoridad las valide, y que la omisión de requisitos en el exceso de formalismo del sistema fiscal no sean sancionados por la autoridad de forma desproporcionada.
 
La Prodecon también propuso que la administración tributaria debe adoptar las mejores prácticas en todas sus actuaciones, como pueden ser las menos onerosas para el empresario; la ley debe garantizar un trato igualitario a los empresarios, y combatir de manera eficaz la evasión fiscal y el fraude en que incurre la economía informal o clandestina.