CIUDAD DE MÉXICO.- La reforma en materia de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria en estados y municipios, aprobada por el Senado mexicano, tiene una implicación crediticia positiva para estos gobiernos locales, pues ayudará a prevenir un crecimiento insostenible de la deuda, destacó Moody's.
La calificadora internacional de riesgo crediticio consideró que la legislación le permite al Congreso emitir un nuevo conjunto de leyes secundarias en materia de responsabilidad fiscal que fortalezcan la supervisión de los gobiernos regionales y mejoren su disciplina fiscal.
Señaló que el Congreso tiene 90 días a partir del 17 de febrero para emitir las leyes secundarias que van a limitar la proporción de transferencias federales (participaciones) que las regiones pueden utilizar para pagar la deuda, y creará un nuevo registro de la deuda pública.
En un reporte, la evaluadora estimó que esta regulación aumentará la transparencia y hará pública la información de la deuda de una forma más oportuna.
Los estados y municipios podrán contratar nueva deuda de corto plazo sólo dentro del máximo límites de endeudamiento impuestas por el Congreso, y también deben primero pagar cualquier deuda de corto plazo pendiente y se les prohibirá emitir deuda a corto plazo tres meses antes de que una nueva administración asuma el poder, agregó.
Moody's consideró que esto mitiga en parte el riesgo de que los gobiernos locales usen deuda de corto plazo y que entre los cambios más importantes está la creación de un sistema de alerta sobre la gestión de la deuda y una garantía del gobierno federal para los estados más endeudados.
Precisó que a cambio de esta garantía federal, los estados deben comprometerse a un plan de ajuste fiscal que el Congreso supervisará.
La implementación de estas dos medidas, apuntó, podría mejorar considerablemente la transparencia y contribuiría corregir el deterioro financiero que enfrentan actualmente algunos estados y municipios.
Refirió que las reformas también introducen un conjunto de sanciones para los funcionarios locales que no cumplan con las nuevas regulaciones, y precisó que aunque sanciones similares ya están en aplicación, no han sido ejecutadas correctamente.
Moody's estimó que esto sugiere que es poco probable que las nuevas sanciones tengan algún efecto, a menos que se definan acciones prohibidas muy específicas para las cuales los funcionarios públicos tendrán que rendir cuentas.
Mencionó que en la última década, la deuda de los estados y municipios en México creció a una tasa compuesta anual de crecimiento de 14.8 por ciento, llegando a 510 millones de pesos o 3.0 por ciento del PIB en 2014, desde 147 millones de pesos o 1.6 por ciento del PIB en 2005.