Economía

Proyectos de Ley contra la corrupción en México están estancados

A un año de que el presidente Enrique Peña Nieto firmó la Ley Anticorrupción, los proyectos secundarios para reglamentar la medida languidecen en el Congreso. Analistas consideran que los intereses personales entorno a la ley son más fuertes, te contamos. 
Bloomberg
29 abril 2016 13:6 Última actualización 02 mayo 2016 2:23
EPN

(Reuters)

Hace un año, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, recuperándose todavía de las acusaciones de conflicto de intereses a raíz de las casas de lujo compradas por su familia, firmó una ley contra la corrupción ante un público que colmaba el Palacio Nacional de México y refrendó su 'firme compromiso' de combatir la corrupción.

Transcurrido un año, los proyectos secundarios para reglamentar la medida languidecen en el Congreso. 

Después de liderar con éxito reformas en materia de energía y educación al comienzo de su mandato, Peña Nieto se ha vuelto silencioso en las últimas semanas en medio de las acusaciones de que su propio partido está tratando de diluir los proyectos de ley anticorrupción en el Congreso. 

“Hay resistencia, sin ninguna duda”, dijo Edna Jaime, que dirige México Evalúa, una organización que presentó algunas de las iniciativas legislativas. "No hay liderazgo presidencial impulsando esta reforma”.

Dado que la semana próxima finaliza el período ordinario de sesiones del poder legislativo, el proyecto podría no cumplir con el plazo establecido en su programa original, a menos que los legisladores entren en sesiones extraordinarias.

Las demoras en este proceso han enfadado a grupos de ciudadanos que reunieron más de medio millón de firmas gracias a las cuales pueden por primera vez en México llevar sus propias propuestas al Congreso.

El nivel de aprobación de Peña Nieto se desplomó desde que los escándalos sacudieron a su administración, alcanzando un mínimo de 30 por ciento en una encuesta reciente.

INTERESES PERSONALES

“Es evidente que en esto Peña Nieto no está poniendo la misma fuerza que puso para algunas de sus reformas económicas”, dijo Jorge Chabat, politólogo en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, una universidad con sede en Ciudad de México.

“No quiere atacar los intereses personales que se oponen dentro de su propio partido”, añadió Chabat.

Peña Nieto es respetuoso del proceso parlamentario y de su independencia de esta administración, dijo la oficina de prensa de la presidencia en una respuesta a preguntas por correo electrónico.

Algunos en la coalición encabezada por el Partido Revolucionario Institucional atacaron varias leyes presentadas por grupos de ciudadanos, como el otorgamiento de incentivos monetarios a ‘arrepentidos’. Otra, que da autonomía a los fiscales anticorrupción (un cambio que en Brasil dio lugar a las recientes medidas enérgicas contra los políticos), la cual no ha avanzado en ocho meses de debate.

Por el contrario, el partido de Peña Nieto ha propuesto cosas como indultar el mal uso de fondos si se hace involuntariamente y el dinero se devuelve al erario.

“Por un lado, en algunas partes se sirven de excusas para diluir las propuestas”, dijo Marco Fernández, profesor en la escuela de gobierno del Instituto de Tecnología de Monterrey, refiriéndose al PRI. “Por el otro, están siendo negligentes al estancar el proceso”.

El PRI ha tratado de limitar lo que deberían declarar públicamente los funcionarios, como autos, joyas y el tamaño de sus cuentas bancarias, añadió Fernández.

Los legisladores de la oposición se han asociado para respaldar las leyes secundarias, pero exigen que todas se sometan a debate para evitar que alguno de los ítems se pierda en la marea legislativa.

La oposición está haciendo parecer que el partido gobernante obstruye los esfuerzos anticorrupción para ganar puntos en las próximas elecciones a gobernadores en junio, dijo el senador Carlos Puente, líder del Senado por el Partido Verde aliado al PRI.

Puente sostuvo en una entrevista que divulgar la información sobre cuentas bancarias representaría un riesgo en materia de seguridad para los políticos, mientras que los incentivos para los arrepentidos incrementarían las falsas acusaciones.

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