Ante la situación económica del México, para crecer y diferenciarse en el ámbito internacional, se debe eliminar el déficit primario, lo que implica una reducción del gasto público y su eficiente asignación, y erradicar la corrupción, propuso el Centro de Estudios Superiores del Sector Privado (CEESP).
"Indudablemente el binomio que representa tener finanzas públicas sanas y nulos niveles de corrupción, es la fórmula más efectiva de fortalecer a México", señala el reporte semanal del CEESP.
La propuesta de los legisladores sobre postergar el desahogo de las leyes secundarias de la Ley Anticorrupción causa preocupación entre la iniciativa privada ya que consideran que el mayor costo de no lograr avances en materia de combate a la corrupción podría ser equivalente a la imposibilidad de lograr un crecimiento con tasas cercanas al 5 por ciento, expuso el centro en su análisis semanal.
Apuntó que el permanecer en lugares muy bajos de la clasificación mundial en materia de corrupción, refleja problemas de una deficiente gobernabilidad, así como de la fragilidad de instituciones que tienen la responsabilidad de hacer cumplir la ley.
"Es por ello que si se quiere erradicar este problema, es indispensable un sistema judicial que se caracterice por la integridad e independencia de otros sectores de gobierno o incluso de partidos políticos o grupos de interés, así como un ambiente de absoluta transparencia presupuestal que permita saber con exactitud cuál es el destino del gasto público, entre otros factores importantes".
Bajo la óptica del Centro de Estudios del Sector Privado, un órgano anticorrupción verdaderamente independiente con jurisdicción nacional, y con capacidad de intervención en Estados y Municipios, podría resolver eficientemente conflictos de interés que pudieran surgir en cualquier momento.
"Actualmente las instituciones que podrían participar en este esfuerzo no tienen la independencia ni la jurisdicción necesarias. En los países con éxito en este combate, hay un órgano independiente y/o un sistema que lo incluye. Vemos con seria preocupación que en el Congreso de la Unión se consideren las leyes secundarias de la Ley Anticorrupción como no prioritarias y que se esté proponiendo posponer su elaboración", precisa en su reporte.