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Expertos coincidieron en que la iniciativa de reforma financiera es positiva, aunque limitada, con riesgos y sin un impacto sustancial en el crecimiento del crédito de los intermediarios privados, y en la reducción de tasas de interés activas.
De acuerdo con una Evaluación sobre la iniciativa, realizada por expertos convocados por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), parte de la problemática que afronta la reforma financiera es el riesgo de una sobrerregulación; una expectativa baja de activación del crédito privado.
Así como atribuciones a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) que son del ámbito de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Además de un corto alcance para las necesidades de regulación de sectores como las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) y Casas de empeño.
El grupo de expertos convocado por el CEEY consideró de forma unánime que la iniciativa apoya la política económica de México, pues constituye un paso para generar mejores condiciones en la economía.
Sin embargo, la mayoría advierte "que no se espera un impacto sustancial en el crecimiento del crédito de los intermediarios privados y en la reducción de tasas de interés activas".
En opinión de los especialistas, la iniciativa refleja el objetivo de reforzar la rectoría del estado en el sistema financiero, pero en ello presentan varias propuestas que pueden tener un efecto de sobrerregulación en las operaciones de los intermediarios financieros.
Lo anterior, opinan, podría generar mayores costos operativos, mismos que se reflejarían en las tasas de interés activas.
Consideran que los cambios propuestos en la banca pública de desarrollo para destrabar candados que restringían su actividad contribuirán para redireccionar mejor los recursos, pero advierten que es necesario que mantenga buenas prácticas prudenciales.
Asimismo, esperan que la banca de desarrollo lleve a cabo estrategias para focalizar su impacto y evitar un efecto desplazamiento de los intermediarios privados.
En la reforma, señalan, también se busca promover la competencia en el sector financiero, aunque se considera poco viable la medición de competencia, así como incrementar multas, delitos y sanciones en materia ya legislada, lo que podría generar mayores costos transaccionales de la actividad de los intermediarios.
La iniciativa, indican, tampoco plantea un ordenamiento adecuado del sector de Sofomes, además de que no busca avanzar en materia de supervisión prudencial del sector de Cooperativas de Ahorro y Crédito.
En ese sentido, consideran que es necesaria una política de universalidad para reportar a las sociedades de información crediticia, misma que incluya entidades gubernamentales, así como oferentes de crédito no financieros.
Sin embargo, destacan que las modificaciones en el régimen para el otorgamiento como la ejecución de garantías permitirán una mayor demanda de financiamiento y facilitará operaciones entre particulares.
Respecto al esquema propuesto de valuación periódica de los bancos en relación con los niveles de crédito colocado fue considerado por los expertos como una medida que sale de las buenas prácticas regulatorias.
También se manifestaron en desacuerdo sobre el punto de la iniciativa que propone elevar a rango de ley las normas para la conformación y calidad del capital de los Acuerdos de Basilea III.
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