Economía

Polarizada la definición del trazo del Túnel Ferroviario en Manzanillo

12 febrero 2014 4:19 Última actualización 05 mayo 2013 16:6

 [Cuartoscuro] Falta de acuerdos tras el cambio constitucional de mandos en la administración municipal polarizaron posiciones. 



Jesús Jimenez Padilla

Manzanillo Autoridades federales, del gobierno del estado de Colima y de este municipio porteño continuaron el fin de semana enfrascados en la discusión para definir la ubicación de un túnel ferroviario que desde hace cinco años demanda la población para sacar el tren del centro de la ciudad a fin de evitar las molestias y bloqueos al tráfico que ocasiona, al tiempo que se mejore la operatividad del puerto más importante del Pacífico Mexicano por el volumen de carga que maneja.
 
Voceros del Centro SCT Colima señalan que con el consenso mayoritario, la obra estaba lista para ejecutarse en 2012, en que el Presupuesto de Egresos de la Federación le asignó 933 millones de pesos en un proyecto multianual de infraestructura, pero por falta de acuerdos tras el cambio constitucional de mandos en la administración municipal que pasó del PRI al PAN, se polarizaron las posiciones y se vino abajo esa intención.
 
Informa la misma dependencia federal, que para este año de 2013 se tiene una asignación presupuestal de 583.7 millones de pesos y parte de esos recursos se destinarían a indemnizaciones a propietarios de predios o inmuebles en la zona donde se proyecta el paso del tren y también incluye la manera de compensar o resarcir las afectaciones.
 
El gobernador Mario Anguiano Moreno ofreció que el fin de semana que recién terminó se tendría listo el dictamen técnico final del trazo del túnel ferroviario, “indispensable para el funcionamiento de la ciudad y el puerto”, expresando en alusión directa a lo polarizado que está el tema, su postura de que las decisiones técnicas se dejen a los expertos y no quieran los políticos convertirse en técnicos y definir por dónde va a salir el tren.
 
Pero no estuvo listo porque los integrantes del equipo técnico, entre ellos los titulares del Centro SCT Colima, de tres secretarías del gobierno estatal; Ferromex, Administración Portuaria Integral (API), del Ayuntamiento local y consultores externos no logran la aprobación del cabildo manzanillense, a pesar de que el único proyecto integrado y completo es el de la SCT mientras los demás son sólo planteamientos sin sustento técnico.
 
En el transcurso de los últimos 18 meses, han sido muchos los funcionarios, legisladores, dirigentes políticos y voceros de diversas dependencias, instituciones, organizaciones gremiales, comerciantes del centro, e incluso vecinos particulares quienes se han manifestado en favor o en contra de alguno de los cinco proyectos que han surgido para reubicar el trazo ferroviario y que se han desprendido de la propuesta original que hizo el Centro SCT-Colima, hoy finalista, junto con otra que impulsa y defiende el alcalde panista a través del Inplan.
 
Este Sábado 4, desde muy temprano y hasta muy tarde permanecieron reunidos los funcionarios revisando las mejores alternativas técnicas, sociales y económicas que satisfagan las expectativas de la gente, las exigencias del cabildo manzanillense y los requerimientos de crecimiento y operatividad del puerto, en busca de llegar a un acuerdo.
 
El viernes, el secretario general de Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, al destacar que se trata de una obra estratégica del gobierno federal y un compromiso del presidente Enrique Peña Nieto subrayó la importancia de que se tengan lo más pronto posible las conclusiones del análisis que se realiza, para arribar a un dictamen técnico final que dé solución al debate.
 
A su vez, la senadora colimense Itzel Ríos de la Mora se pronunció también porque las decisiones se tomen desde la perspectiva técnica y no por intereses políticos, “para que no se partidice el tema”, porque se trata es de un compromiso que el presidente Peña Nieto adquirió en campaña para detonar el desarrollo del municipio de Manzanillo “y ese debe ser el objetivo que nos convoque a todos”.
 
Por tratarse de una magna obra de infraestructura que no sólo busca resolver un problema social muy sentido entre los manzanillenses, sino impulsar el crecimiento del puerto de manejo de carga más importante del país con un movimiento actual de casi dos millones de contenedores (TEU’s) pero que está proyectado para movilizar cuatro millones al año, el presidente de la Comisión de Puertos y Marina Mercante de la Cámara de Diputados, Arnoldo Ochoa González, intenta destrabar el asunto.
 
El legislador declaró que “existe el riesgo de que esos recursos importantes no puedan ser ejercidos este año, lo que perjudica a los manzanillenses y a la comunidad portuaria”. La obra primero fue aprobada por la administración de Felipe Calderón y luego retomada por el gobierno de Peña Nieto.
 
Una de las propuestas que se analizan, la del Ayuntamiento y del Instituto de Planeación Municipal (Inplan), contempla afectaciones a la infraestructura educativa, cultural y deportiva que es patrimonio de la Universidad de Colima, que primero en voz del dirigente de la Federación de Estudiantes Colimenses, luego del líder sindical y también del propio rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava, señalaron no estar dispuestos a permitir se dañe su campus con más de dos mil alumnos registrados.
 
Analistas locales lamentan que derivado de esta polémica, Manzanillo corre el riesgo de ser desplazado por el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán, al que ya el gobierno Federal destinó once mil 500 millones de pesos, de acuerdo al reciente anuncio oficial del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y podría ser una mejor opción para que las empresas navieras de carga movilicen desde ahí las mercancías que transportan de México para el mundo y viceversa.