Reuters
Londres.- Los banqueros confían en que puedan persuadir a la Unión Europea de que su propuesta de impuestos a las transacciones financieras supone suficientes riesgos para unos bancos y países en dificultades como para que se suavice.
Su campaña contra el impuesto, que se impondrá en 11 de los 27 países de la UE, se centra en cuánto aumentaría el coste de financiación de los estados y las compañías, cuánto restaría a los retornos ganados y por cuánto tiempo a los inversores, y cómo afectaría a los mercados de financiación que son cruciales para la salud del sistema financiero.
Los que apoyan el impuesto dicen que es suficientemente pequeño y cubre suficientes activos como para no distorsionar los mercados a la vez que asegura que los bancos, que han recibido dinero público durante la crisis financiera y de la zona euro, contribuyen a las arcas públicas mientras los gobiernos tratan de contener sus déficit.
Sus argumentos han encontrado un amplio eco en la opinión pública, particularmente en los países europeos donde el paro aumenta, el estado del bienestar se ve reducido y se han producido recortes de salarios debido a las medidas de austeridad de los gobiernos.
Pero los banqueros dicen que el impacto del impuesto se notará más allá del sector financiero si la UE sigue empeñada en gravar a compradores y vendedores de cada etapa de cada transacción que se realice en uno de los países que aprueban el gravamen o implica a un activo emitido por una institución radicada en uno de esos países.
"Creo que el impacto es tan dramático, estaría estupefacto si se aprueba en sus términos actuales", dijo Remco Lenterman, presidente de la asociación de operadores europeos FIA.
"Casi teorizando, si se aprueba e implementa como está, tendrían que cancelarla tras un periodo de tres a seis meses porque los mercados serían tan disfuncionales que habría que revertirla", dijo.
La Comisión Europea rechazó hacer comentarios. La regulación financiera a menudo ve cambios en el proceso de negociaciones.
España, Bélgica, Alemania, Estonia, Grecia, Francia, Italia, Austria, Portugal, Eslovenia y Eslovaquia han dicho que impondrán el gravamen.
La Comisión dice que los ingresos del impuesto se espera que lleguen a los 35.000 millones de euros al año, o un 1 por ciento de los ingresos impositivos de los países que participan.
Todavía no está claro cómo se acogerá el impuesto en países de la UE que no lo impondrán- entre ellos Reino Unido, que tiene el mayor centro financiero de la región.
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