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El Gobierno federal seguirá enfrentando el reto de financiar un gasto creciente en las pensiones de la generación de transición del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hasta por lo menos el 2080, y una importante presión fiscal derivada del creciente flujo de pensionados y de los beneficios que estos sistemas siguen ofreciendo, advirtió este miércoles la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
En el estudio El reto de financiar las pensiones de la Generación de Transición (GT), elaborado por la Comisión, el IMSS proyecta que el gasto en que incurrirá el Gobierno derivado de financiar las pensiones otorgadas al amparo de la Ley 73 para el 2017, de 221 mil millones de pesos, lo que equivaldrá a 1.1 por ciento del PIB.
Este gasto llegaría a triplicarse en términos reales para 2040, alcanzando los 715 mil millones de pesos.
Si se supone un crecimiento real del PIB de 2 por ciento el gasto anual en pensiones derivadas de la Ley 73, en 20 años alcanzaría el 2.2 por ciento.
Si bien el IMSS sólo proyecta el gasto en pensiones hasta 2050, es posible extender dicha proyección hasta el año 2080, fecha en que se prevé cesarán los pagos a la generación de transición.
Al cierre de 2016, la base de datos nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) reportaba más de 20 millones de trabajadores que pertenecen a la GT.
La Consar comentó que si bien no todos los trabajadores de la GT obtendrán una pensión, los bajos requisitos que contempla la Ley 73 (500 semanas de cotización) permiten prever que una proporción importante de ellos logrará pensionarse.
Esto es debido a que les será suficiente haber realizado aportaciones durante una cuarta parte de su vida laboral promedio. Es decir, cualquier trabajador de la GT que presente una densidad de cotización mayor a 25 por ciento tiene altas probabilidades de lograr pensionarse.
Las pensiones otorgadas al amparo de la Ley 73 son financiadas por el Gobierno federal y pagadas a través del IMSS, quien las registra bajo el concepto de "pensiones en curso de pago".
El instituto debe otorgar servicio médico a los pensionados y a sus familiares (2.5 millones más de personas). En este sentido, cada pensión generada bajo la Ley 73 representa para el Gobierno un compromiso de pago que podría extenderse durante 40 años, tomando en consideración que debe solventar las pensiones durante el resto de la vida del pensionado así como las pensiones a las que tengan derecho sus beneficiarios.
En julio de 1997, México llevó a cabo una reforma profunda a su sistema público de pensiones administrado por el IMSS, pero la reforma no contempló los denominados "bonos de reconocimiento" para los trabajadores que habían cotizado al esquema anterior (identificados como la generación de transición).
En lugar de ello, preservó sus derechos al amparo de la ley derogada (Ley de 1973) y permitió que siguieran acumulando derechos, sin reformar los requisitos exigibles o el nivel de los beneficios.
Se abandonó el antiguo sistema de reparto, en el que las contribuciones de los trabajadores activos financiaban el pago de los beneficios de los pensionados, sustituyéndolo por uno basado en cuentas individuales, administrado por empresas privadas especializadas en la gestión de fondos de retiro (Afores).
Al momento de pensionarse, los trabajadores pertenecientes a la GT pueden elegir la pensión que más les convenga, entre la que alcancen con el saldo de su cuenta individual, conforme lo establece la Ley 97, y la que les correspondería de acuerdo con el beneficio definido en la Ley 73.
Así, el gasto público por pensiones seguirá creciendo durante las siguientes décadas, principalmente por el pago de las pensiones de la GT, toda vez que éstos obtendrán pensiones mucho mayores que las de la Generación Afore no porque hubiesen aportado más para su pensión, sino por los beneficios altamente subsidiados que ofrece la Ley 73, mismos que están siendo pagados con impuestos generales.
Asimismo, existe un cúmulo de sistemas de pensiones a nivel local, patrocinadas por gobiernos estatales y universidades autónomas, de los cuales pocos cuentan con las reservas necesarias para hacer frente a sus pasivos contingentes.