Benjamín Salinas, CEO de TV Azteca, pidió que sean los propios operadores y no el Estado quienes regulen la programación que ofrecen las televisoras a sus audiencias.
Con la autorregulación voluntaria de contenidos, postura que comparten los concesionarios de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), se busca anular la obligación de diferenciar entre noticias, opiniones y publicidad.
"TV Azteca y los concesionarios de la CIRT creemos que la autorregulación voluntaria de nuestros contenidos será siempre mejor que la excesiva regulación del Estado.
La tentación de censura no tiene cabida en sociedades democráticas y nosotros defenderemos con todos los recursos a nuestro alcance la libertad de expresión de cada medio", comentó durante la reciente reunión de la Asociación Internacional de Radiodifusores (AIR).
Este pronunciamiento, en opinión de Jorge Bravo, analista de Mediatelecom, Policy & Law, tiene detrás la discusión sobre los derechos de las audiencias y la iniciativa surgida de la Cámara de Diputados, que busca modificar la ley de telecomunicaciones anulando la obligación de diferenciar entre noticias, opiniones y publicidad.
"Aunque la demanda de los operadores es correcta, no es apropiado que la autoridad, cuando tiene una competencia, no intervenga: que el IFT imponga la regulación que el Congreso aprobó tanto en materia de publicidad como en la mezcla entre opinión y noticias. Obviamente, los radiodifusores no quieren que ninguna autoridad les intervenga en cómo producir sus contenidos", comentó.
El apartado IV del artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión refiere que los concesionarios deberán aportar elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa, pero la propuesta de los diputados es que los concesionarios deberán abstenerse de transmitir publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa con base en un código de ética que se realizará para prevenir esas prácticas.
Para el experto, a pesar de que esta es una demanda histórica de los radiodifusores, estima que no es legítimo que no reparen en las audiencias, pues son derechos que deben ser acatados por la industria que representan, que está regulada pues hace uso de espectro radioeléctrico, por lo que debe cumplir con lo que marca la ley.