El veto a los cultivos transgénicos, conocidos como OGM (organismos genéticamente modificados), emitido en octubre por Yucatán se dio luego de que la Federación hiciera oídos sordos a la petición de activistas y el mismo gobierno local para que ambos poderes colaboraran en la materia para regular este tipo de siembra, de acuerdo con activistas.
De acuerdo con la Ley de Bioseguridad, las zonas libres de OGM pueden decretarse, pero esto luego de que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) lo determine y quede comprobado que los cultivos transgénicos no pueden coexistir con los tradicionales en el determinado espacio que se quiera liberar.
El decreto de Yucatán fue emitido sin el aval de Sagarpa, por lo que fue impugnado por la Presidencia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ente que admitió la demanda el pasado 15 de diciembre, según un análisis de la Consejería Jurídica de la Presidencia del cual El Financiero tiene copia.
En esta línea, Arturo Carrillo, de la organización no gubernamental MA-OGM, que en maya significa no a los OGM, aseguró que las comunidades de Yucatán llevan años pidiendo la colaboración de la Secretaría de Agricultura, pero no han sido escuchados.
"Desde 2013 metimos una solicitud de zona libre de transgénicos que hasta la fecha no le han dado procedimiento porque no existen las normas para darle ello, y esa es la respuesta que tenemos", dijo Carrillo.
Incluso, explicó en entrevista, que el decreto, que cuenta con gran respaldo social en la entidad surge como una medida a "la falta de acciones de la Federación".
María Colín Olmos, abogada de Greenpeace, fue más allá y aseguró que hay una marcada preferencia del gobierno Federal por dar espacio a los cultivos transgénicos.
"Es lamentable que tenga que salir el gobierno Federal, que se lance en la batalla jurídica para defender los intereses de la empresa Monsanto", mencionó Colín.
El decreto de Yucatán fue emitido el pasado 26 de octubre pues dicha entidad considera que podría haber daños a la biodiversidad, la salud humana y a productos como la miel orgánica que se fabrica en dicho estado y es exportada a mercados con alto valor, si se permiten los cultivos transgénicos como la soya.
Las autoridades de Yucatán precisaron al respecto que el decreto jamás vetó las importaciones que se realizan de granos transgénicos que son utilizados en la industria pecuaria y aceitera de la entidad, como en un principio se llegó a pensar.