Economía

Oceanografía niega
acusaciones de Pemex, apelará inhabilitación

La empresa asegura que las conductas y supuestos de sanción que se pretenden imputar provienen de una Ley con vigencia posterior a la licitación y firma de los contratos revisados.
Sergio Meana
11 febrero 2014 18:59 Última actualización 11 febrero 2014 19:26
[Pemex informó que una empresa privada golpeó el ducto de amoniaco. / Cuartoscuro / Archivo] 

Oceanografía se desmarca de acusación de Pemex. (Foto: Archivo)

CIUDAD DE MÉXICO.- La empresa Oceanografía asegura que entregó la documentación pertinente al Órgano Interno de Control de Pemex Exploración y Producción (PEP) para garantizar la transparencia de los contratos por los cuales hoy la Secretaría de la Función Pública la inhabilitó para celebrar contratos con el gobierno federal.

En un comunicado, asegura que “siempre se ha actuado con legalidad en cada licitación y apego a los lineamientos y regulaciones de Pemex”.

La razón de dicha inhabilitación es que la empresa no pagó varias
fianzas para el arrendamiento de plataformas
en contratos celebrados con la paraestatal, a lo que respondieron que el monto de las fianzas estaba previamente aceptado.

“El monto que debía garantizarse en concepto de Fianzas de Cumplimiento conforme al contrato, estaba previamente aceptado entre el propio Pemex Exploración y Producción y la Institución emisora de la fianza, y ninguno de ellos notificó ni requirió a Oceanografía, puesto que todo estaba apegado a contrato”, señala la empresa que dirige Amado Yáñez.

“Cuando se notificó a Oceanografía la necesidad derivada de la interpretación del Órgano Interno de Control (OIC) de aumentar el endoso dado la observación de la misma dependencia, de inmediato se dio cumplimiento a dicho requerimiento, conforme como la propia resolución del OIC lo señala expresamente”, indica en el comunicado.

La empresa afirma que las conductas y sanciones provienen de una Ley promulgada después de la firma de los contratos, lo cual es ilegal.

“Las conductas y supuestos de sanción que se pretenden imputar provienen de una Ley con vigencia posterior a la licitación y firma de los contratos revisados, lo cual es además una conducta ilegal de la autoridad que emitió dicha resolución, situación que se hará valer en los recursos correspondientes”, indica la empresa.