CIUDAD DE MÉXICO.- Las únicas dos subsidiarias de la petrolera nacional que no reportan pérdidas financieras de manera continua, Pemex Exploración y Producción (PEP) y Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), se convertirán en una sola empresa si se aprueba la nueva Ley de Petróleos Mexicanos.
Los Transitorios del borrador de dicha ley, a la que EL FINANCIERO tuvo acceso y que sería presentado por el gobierno federal para su discusión y aprobación en el Senado de la República, como parte de las leyes secundarias de la reforma energética, detallan además que deberán fusionarse las otras dos subsidiarias: Pemex Refinación con Pemex Petroquímica.
"Se ordena la fusión, por un lado, de Pemex-Exploración y Producción con Pemex-Gas y Petroquímica Básica, y su transformación en una nueva empresa productiva subsidiaria; y, por el otro, la fusión de Pemex-Petroquímica con Pemex-Refinación y su transformación en otra nueva empresa productiva subsidiaria", indica el octavo transitorio del documento en poder de este medio.
En el tema presupuestario, aunque el primer artículo de la ley expresa que Pemex y sus ahora "empresas productivas subsidiarias" gozarán de autonomía presupuestaria, el artículo 81 de la misma ley expresa textualmente que "la autonomía presupuestaria de Petróleos Mexicanos estará sujeta sólo al balance financiero que le apruebe el Congreso de la Unión a propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)".
Una vez cumplida esta disposición, el artículo 82 establece cinco reglas presupuestarias entre las que destacan que Pemex deberá enviar anualmente a la SHCP, a través de la Secretaría de Energía, un escenario indicativo de sus metas de balance financiero para los siguientes cinco años.
La fracción segunda de este mismo artículo de la ley que será presentada el próximo 30 de abril, de acuerdo con lo revelado por la Secretaría de Energía, se autoriza que Pemex haga las adecuaciones a su presupuesto y a los de sus empresas subsidiarias sin que se requiera aprobación de la SHCP.
Sin embargo, si se trata de un proyecto "de gran magnitud y alta prioridad", es decir, aquellos que rebasen 15 por ciento del total del monto de inversión de Pemex, será necesario un dictamen costo-beneficio de un tercero experto independiente.
Además, mandata que las remuneraciones del personal de la petrolera tendrán que ser calculados conforme al mercado, tanto nacional como internacional.
Se confirma además la salida del sindicato del Consejo de Administración y que los cinco lugares para Consejeros Independientes serán nombrados por el Ejecutivo federal.
Queda explícita, también, la libertad de asociación por parte de la petrolera, todo ello sujeto a la aprobación de su nuevo Consejo de Administración, que se renovará cada tres años, de acuerdo con la que sería la nueva Ley de Pemex.