México tendrá Ley Fintech completa el 10 de septiembre

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicará el 10 de septiembre el segundo paquete de reglas secundarias de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech.

Una vez publicadas las leyes secundarias de la Ley para regular a las Instituciones Financieras Tecnológicas entrará en vigor esta regulación que fue promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto el 9 de marzo del presente año.

Sandro García Rojas, vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dijo que se ha trabajado con la Secretaría de Hacienda y Banco de México para que se publiquen todas las normas secundarias que tienen un plazo que vence el domingo 9 de septiembre, aunque se publicarán el lunes.

Se espera que en el Diario Oficial de la Federación se publiquen disposiciones secundarias de la Ley relacionadas con los requerimientos de capital, los límites de los proyectos en las empresas de fondeo colectivo, los temas de seguridad de la información, así como la documentación para la solicitud de autorización, entre otras.

Entrevistado al término de su participación en la 12 Convención Nacional de Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiples en México (ASOFOM), dijo que la Ley contempla algunas especificaciones para las fintech que ya estaban operando, ya qué hay un artículo transitorio para que no estén fuera del marco legal.

"Hemos hecho algún consenso para de alguna manera buscar que todas las que existan se acerquen para que sepan todos los requisitos que va a haber. Ha habido quienes hablan de 300 o 100 fintech, creemos que solicitarán el registro alrededor de 100 cuando entren estas normas", apuntó.

En cuanto a las medidas antilavado que aplicarán a las empresas fintech, García Rojas dijo que que las reglas antilavado son un pilar fundamental para las entidades del sector financiero y en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se habla de las recomendaciones que van a abarcar a las fintech.

"Lo que tienen que cumplir las fintech en materia de lavado de dinero es en dar reportes de operaciones a la Unidad de Inteligencia Financiera, tener sus manuales y procedimientos integrados, y deberán hacer una evaluación con el enfoque en riesgos", apuntó.

El funcionario refirió que GAFI pide a la CNBV, en su función de prevención de lavado de dinero, emitir alguna guía que ayude a las instituciones financieras a prevenir actos de corrupción.

Para ello, dijo que están trabajando con la SHCP y la Unidad de Inteligencia Financiera para emitir esa guía antes de que concluya la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

El Financiero publicó el pasado 16 agosto que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dejará al próximo gobierno una "guía" para combatir el lavado de dinero, que consistirá en un programa de verificaciones a personas que realizan actividades vulnerables y una iniciativa de Ley que plantea crear el mecanismo para conocer a los beneficiarios de operaciones financieras.

En esa guía participan las comisiones Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), CNBV y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Una vez publicadas las leyes secundarias de la Ley para regular a las Instituciones Financieras Tecnológicas entrará en vigor esta regulación que fue promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto el 9 de marzo del presente año.

Ley con equilibrio

En entrevista, tras su participación en la 12 Convención, Bernardo González Rosas, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) afirmó que la Ley FinTech tendrá un equilibro de competencia, regulación prudencial y protección de los usuarios.

"Vamos a publicar en el diario oficial las disposiciones secundarias que le tocan a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Secretaría de Hacienda y al Banco de México, el 10 de septiembre, con eso cumplimos el mandato a la ley de los legisladores para que saliera seis meses después a su publicación", precisó el funcionario.

Comentó que la regulación va a tener algunos ajustes menores, de acuerdo a los comentarios que se recibieron de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), siempre y cuando haya un equilibrio entre competencia, regulación prudencial y protección de los usuarios.

El funcionario destacó que si las empresas quieren hacer fondeo colectivo se necesita una licencia que te da la CNBV o, si eres una institución de pago electrónico, ya no puede haber una S. A. haciendo crowdfunding, eso sería un delito y se tendría que presentar una querella ante la Procuraduría General de la República (PGR) y Procuraduría Fiscal de la Federación para cerrar la plataforma porque estarían cometiendo un delito, bueno desde el 9 de marzo lo estarían cometiendo, o si estuviera incurriendo en un fraude.

"Lo que estamos haciendo (la autoridad) obligar a las plataformas a darle a conocer a la gente el riesgo de cada proyecto, cuál es el historial de crédito de la persona que lo está solicitando, cuál es el comportamiento de pago de la empresa que está solicitando fondeo a través de estas instituciones y dándole protecciones como cláusulas abusivas en los contratos que ofrecen las FinTech, etcétera", dijo González.

No son mecanismos de ahorro, sentenció el presidente de la CNBV. No obstante, para los proyectos de reducir el uso de efectivo, la Ley FinTech ayudará mucho a ese propósito, por ser plenamente digital.

Los monederos electrónicos, por ejemplo, pueden ser utilizados para la dispersión de programas sociales en pequeñas localidades.

"Ninguna institución de tecnología financiera puede recibir depósitos de efectivo, todo tiene que venir a través del sistema financiero formal (SPEI); es decir, cuentas de bancos, Sofipos, de otras entidades, sólo que soliciten una excepción a la CNBV, y que tengan todos los estándares de identificación en lavado de dinero, se podría dar una autorización, para el caso de empresas de fondeo colectivo, de recibir hasta 10 mil Udis al mes para el pago de créditos y monederos electrónicos.

Con información de Clara Zepeda