Economía

México incumple con obligaciones de derecho internacional

Transparencia Internacional reportó que México está entre los 20 primeros exportadores que aplican de manera baja o nula los esfuerzos necesarios para que sus empresas no propaguen la corrupción en otras naciones.
Daniel Villegas
21 agosto 2015 0:7 Última actualización 21 agosto 2015 5:5
Balanza comercial de la Zona Euro

México está entre los 20 principales exportadores que no aplica de manera debidalas obligaciones de derecho internacional. (Bloomberg)

CIUDAD DE MÉXICO.-México figura entre los 20 principales exportadores mundiales con un nivel de aplicación mínimo o nulo en las obligaciones de derecho internacional, de acuerdo con un reporte de Transparencia Internacional, que indica que estos países no investigan ni juzgan casos de soborno transnacional debido a falta de voluntad política y a que no se asignan recursos suficientes a medidas de cumplimiento e investigaciones.

México está listado en los países que realizan un esfuerzo mínimo o nulo para “que sus empresas no propaguen la corrupción en todo el mundo”.

“Al suscribir la Convención, los gobiernos se comprometen a investigar y juzgar la corrupción transnacional, pero a pesar de ello casi la mitad de los gobiernos signatarios no lo están haciendo. La OCDE debe asegurar que haya consecuencias concretas ante un desempeño tan exiguo. La violación de las obligaciones de derecho internacional de combatir la corrupción transnacional no puede ser tolerada” sentenció José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional.


En total se trata de 41 países que son parte de la Convención de la OCDE para combatir el soborno. De estos, un total de 22 no han investigado ni juzgado ningún caso de soborno en el extranjero en los últimos cuatro años, y han incumplido así su obligación de combatir el soborno transnacional.

La institución informó que hace 16 años que entró en vigor la convención y que de acuerdo a sus investigaciones, en este tiempo solamente cuatro países de todos los suscritores investigan y juzgan activamente a empresas que incurren en actos de soborno a funcionarios de otros países. Sólo seis países quedaron en la clasificación de aplicación moderada, mientras que nueve naciones tuvieron una actuación limitada para combatir este tipo de actos.