CIUDAD DE MÉXICO.- El sector privado señaló que en México es momento de hacer un compromiso firme como nación, con el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática, porque el no actuar con determinación desde el gobierno y la sociedad, sólo se abonará a un desgaste mayor de la confianza y la capacidad de las propias instituciones democráticas.
Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que ya no hay que dejar pasar más tiempo, hay que firmar un nuevo pacto o acuerdo nacional por el fortalecimiento institucional, por la gobernabilidad democrática, para actuar con diligencia, eficacia y sentido integral contra los grandes males que están detrás de la crisis de confianza política y social: la corrupción, la impunidad, la injusticia, los vacíos de gobernabilidad que permiten que prolifere la delincuencia en varias zonas del país.
En su mensaje semanal, el dirigente de la cúpula empresarial anotó que la clase política, en específico, tiene que estar a la altura de este momento histórico; al país le costó mucho tener un sistema de partidos democrático, pero hoy, éstos, por igual, son vistos con enorme y creciente desconfianza por muchos mexicanos, por lo que es el momento de parar este deterioro, que no ayuda para nada a la sana convivencia social y a la consolidación de la democracia.
Dijo que los partidos y la clase política deben mostrar apertura a las inquietudes y propuestas de ciudadanos y de los distintos sectores económicos y sociales, "que tengan voluntad política para la transformación, lo cual implica que estén dispuestos a ceder y a terminar con prácticas, actitudes y omisiones que ya no pueden permitirse".
Anotó que la confianza y la cohesión social son determinantes para el progreso y para su preservación y fortalecimiento deben ser una prioridad nacional impostergable, que exige de una actuación política renovada y soluciones nuevas, creíbles, de alto impacto y cambio efectivo.
Indicó que se han hecho esfuerzos para abonar en la transparencia haciendo públicas las declaraciones patrimoniales, pero hay que encontrar la forma de que estas medidas se repliquen, para abonar hacia un restablecimiento de la confianza y acercamiento entre la ciudadanía y el gobierno y los partidos políticos.
Subrayó que acciones de ese tipo deben considerarse en las iniciativas que tienen lugar en cada partido en sus procesos de selección de candidatos, para prevenir la infiltración de la delincuencia y la corrupción; "vamos por esquemas homologados de consulta ciudadana e impulso a la transparencia".
Expuso que de hecho se esperaría que, en el blindaje que se necesita en el proceso electoral contra los recursos y participación de la delincuencia, haya protocolos, procesos y responsabilidades comunes, de todos los partidos.
Subrayó que esos son el tipo de compromisos que se piden desde la sociedad, como lo es, desde luego, la creación de una política nacional, articulada y eficaz, contra la corrupción y la impunidad; "tiene que ser verdaderamente de la máxima prioridad, y todos debemos asegurarnos de que no se trate de un cambio superficial y sin alcances, como ha ocurrido en el pasado, ante otras olas de reclamo social".
Anotó que como principio, los entes regulados, no pueden ser los mismos que regulen, tiene que haber autonomía efectiva, controles eficientes para prevenir y detectar, así como capacidad de investigación y sanciones ejemplares.
Precisó que urge una reforma profunda en el sistema policiaco, especialmente a nivel municipal, el eslabón más débil del Estado Mexicano, hay que demandar un esfuerzo emergente en este sentido, para canalizar recursos y capacidades para proteger a la población civil en las localidades más amenazadas por la violencia, y para dar paso a la transformación estructural.
En este contexto, la inversión privada insiste en el llamado a revisar a cabalidad el federalismo mexicano, para adaptarlo a los problemas y necesidades de hoy, añadió.
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