El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) propuso al Congreso de la Unión 11 prioridades que deberían resolver sobre dos objetivos: implementación eficaz y completa de las reformas y el fortalecimiento del Estado mexicano en favor de la democracia, gobernabilidad y legalidad.
En su mensaje semanal, el presidente de dicho organismo, Gerardo Gutiérrez Candiani, consideró necesario tomar decisiones frente a desafíos como enfrentar la volatilidad internacional y, al mismo tiempo, reactivar el consumo, la inversión y el mercado interno.
Asimismo, afianzar el aterrizaje de las reformas, pero sin descuidar los retos de corto plazo, pero también énfasis en la ética y el control ciudadano.
Enumeró las propuestas del sector privado hacia los legisladores, empezando por medidas a la legislación fiscal para impulsar el crecimiento, la inversión, ahorro y empleo.
En segundo lugar, dijo que en materias de presupuesto base cero y responsabilidad financiera, ven como una oportunidad para el país si se sustenta en principios de eficiencia, racionalidad y prioridad.
Que la asignación de recursos permita al Estado cumplir con sus funciones esenciales y bajar gastos innecesarios y dispendios, planteó.
Respecto al combate a la corrupción e impulso a la transparencia, Gutiérrez Candiani señaló que están pendientes las asignaturas claves de las leyes secundarias sobre transparencia y las relativas al Sistema Nacional Contra la Corrupción.
Sobre la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, identificó como imperativo impulsar la aprobación de un nuevo marco jurídico, a partir de la minuta aprobada por diputados, incorporando ajustes que la enriquezcan para una mejor planeación de las obras y una mayor transparencia en licitaciones.
"Entre las mejoras que proponemos están el armonizar la nueva ley con los avances logrados en el Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley de Transparencia. Asimismo, propiciar una visión integral en los tres principales momentos de la contratación pública: pre-contratación, contratación, post-contratación", refirió.
El presidente del CCE argumentó que en materia de reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles es necesario impulsar la simplificación de los trámites para la constitución de empresas.
"Vamos a promover reformas para simplificar la disolución de sociedades y la modernización de las prácticas de gobierno corporativo de las empresas, lo que permitirá agilizar su eficiencia operativa y potenciar su competitividad, con instrumentos acordes a los estándares internacionales", adelantó.
Gutiérrez Candiani se refirió también al tema de la consulta indígena, materia en la que debe perfilarse, dijo, un marco legal que, al tiempo que ratifique el derecho constitucional de los pueblos y comunidades, establezca las precisiones pertinentes para no afectar la seguridad jurídica en obras y proyectos, ni para desincentivar nuevas inversiones derivadas de reformas estructurales aprobadas.
El líder empresarial señaló como séptima prioridad legislativa la desvinculación de los salarios mínimos y otros temas laborales, que incluyen la reforma constitucional en la materia, así como establecer una nueva unidad de medida, con un método de actualización adecuado.
Paralelamente, en el objetivo de consolidar un esquema equilibrado entre empleadores y trabajadores, hay que trabajar en materia de subcontratación para sancionar malas prácticas, sin afectar a las empresas que utilizan el esquema de manera adecuada. Igualmente, para la tabla de enfermedades, cuidar la claridad en los diagnósticos.
Más adelante, dijo que es fundamental avanzar hacia un esquema de pensiones y de salud pública que tenga viabilidad financiera de largo plazo y fomente la formalidad en la actividad económica, así como la calidad en el servicio.
También, en materia de salud, la prioridad es sustituir servicios que no funcionan, mediante mecanismos como las asociaciones público-privadas, concesiones o subrogación para reducir gastos y costos laborales, generar ahorros y promover el empleo.
Y en materia de pensión universal, cuantificar el costo del programa y sus implicaciones futuras para las finanzas públicas.
La décima prioridad para el sector privado tiene que ver con la definición de las reformas legislativas que contribuyan a resolver los problemas en materia de seguridad pública.
Gutiérrez Candiani dijo que es necesario retomar cuanto antes el análisis de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo en noviembre de 2014, con las prioridades de consolidar mandos únicos estatales; depuración y profesionalización de cuerpos policiales; infiltración del crimen organizado en municipios; redefinición de facultades en materia federal y estatal; impulsar un paquete de leyes para dar certeza jurídica a las fuerzas armadas.
Finalmente, señaló que la onceava prioridad legislativa tiene que ver con la agenda ambiental pendiente, como la ley de aguas, pues consideró que hay que garantizar que las leyes en materia de protección al medio ambiente sea compatible con el crecimiento económico y la certidumbre jurídica necesaria para invertir.