Economía

IP califica como un error cancelación de evaluación de docentes

El sector privado consideró que la suspensión de la evaluación docente pone en riesgo no sólo la reforma educativa, sino las reformas estructurales y la llegada de más inversiones al país.
Isabel Becerril
01 junio 2015 16:51 Última actualización 01 junio 2015 17:9
Claudio X. González

Luis Foncerrada, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) (El Financiero/Archivo)

CIUDAD DE MÉXICO.- La evaluación a los maestros y directores de las escuelas es una parte fundamental de la reforma educativa y no se puede suspender, advirtió Claudio X. González Laporte.

El presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) señaló que todas las reformas son relevantes, pero la más importante para el futuro de México es sin duda la educativa.

Es muy difícil entender una decisión tan trascendental como la que tomó el gobierno, dijo.

“Esperemos que se corrija lo más pronto posible, porque no podemos perder tiempo en preparar mejor y con calidad a los niños y jóvenes, para poder competir en este mundo que se vive, es de absoluta trascendencia”, agregó.

El sector privado calificó como “ilegal” y “un gran error” la cancelación de la evaluación a docentes como parte de la Reforma Educativa, pues no hay razón que justifique un retroceso y pone en riesgo las reformas estructurales y las inversiones en el país.

Luis Foncerrada,
director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), dijo que se está frente a un gobierno que modifica una decisión previa, con lo cual no se garantiza la estabilidad y confianza para el futuro del país, por lo que es fundamental que se eche para atrás la suspensión de la evaluación de los maestros; además hace pensar que esta acción tiene un sentido político o bien un intercambio de votos por la suspensión indefinida.

“No se vale poner en juego el futuro del país por ganar más votos, porque esto llevará a la economía a perder un punto porcentual de crecimiento, lo que se traducirá en un crecimiento de menos del 2 por ciento”.

Además los inversionistas ya no querrán traer sus capitales al país, por la falta de Estado de derecho, sentenció.

“Nos preocupa que esta administración pueda violar la Constitución y que reste confianza a los inversionistas”, indicó.