Economía

IP pide acciones para desmantelar organizaciones criminales

Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que urge que se emprendan estrategias y acciones contundentes para frenar el crecimiento de la extorsión y proteger a las víctimas actuales.
Isabel Becerril
03 marzo 2014 13:51 Última actualización 03 marzo 2014 13:52
['Sí hay margen para modificar la reforma', asegura el presidente del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani] 

['Sí hay margen para modificar la reforma', asegura el presidente del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani]

CIUDAD DE MÉXICO.- El sector privado pide que la detención de Joaquín “el Chapo” Guzmán no quede como un hecho aislado, sino que el gobierno de un paso a otras medidas y acciones para desmantelar las redes de protección, logística y de apoyo que permiten operar a ésta y otras organizaciones criminales; también que la aprensión de éste lleve a la identificación y la detención de las autoridades corruptas y de empresarios ligados a la delincuencia organizada tanto en México como el extranjero.

Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que urge que se emprendan estrategias y acciones contundentes para frenar el crecimiento de la extorsión y proteger a las víctimas actuales y a las potenciales y precisó que existen reportes de que unas 6 millones de personas o negocios, en algún momento han sido víctimas de delitos relacionados con la extorsión, cuya incidencia ha aumentado más de 800 por ciento en tres lustros.

Subrayó que entre las empresas, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) de varias zonas del país son las más afectadas por el llamado "cobro de piso", y muchas han limitado sus operaciones, al verse obligadas, por ejemplo, a cancelar rutas o cerrar locales.


En cuanto de homicidios, expuso que el número de éstos bajaron en 16 por ciento en 2012 respecto al año previo y hay ciudades que están superando la trágica situación que vivieron por muchos años.

En su mensaje semanal, Gutiérrez Candiani expuso que se requiere de una efectiva coordinación entre los tres niveles de gobierno, que redunde en programas focalizados en los municipios con mayores problemas y riesgos; esquemas de prevención, denuncia y protección confiables, que salvaguarden la integridad física y patrimonial de los afectados; que sean congruentes con las circunstancias de cada demarcación.

Puntualizó que los centros penitenciarios, en particular los de jurisdicción estatal, están frecuentemente bajo el control de mafias y muy lejos de cumplir con la función de coadyuvar a la readaptación social de los internos.

El dirigente de la cúpula empresarial indicó que hay mucho trabajo por hacer, por ejemplo se estima que cuatro de cada 10 habitantes del país viven en zonas de algún tipo de riesgo relacionado con la delincuencia, que afecta a todos los estratos sociales.

Además la depuración de policías estatales y municipales sigue presentando rezagos, a pesar de los compromisos publicados con carácter oficial en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que en gran medida ha quedado en el olvido por muchos Gobernadores y Presidentes Municipales.

Enfatizó que un buen ejemplo donde ha habido avances efectivos y mejoras de seguridad es Michoacán, la presencia de las fuerzas armadas y la coordinación de los tres niveles de gobierno y la sociedad están dando como resultados el rescate de muchas zonas que estaban bajo el mando de la delincuencia.

Anotó que en el caso de las autodefensas, debe ser una solución emergente y temporal; una fase transitoria que tiene que dar paso a la reconstrucción de las instituciones de gobernabilidad democrática y Estado de derecho donde han sido rebasadas, capturadas o suplantadas por la delincuencia y la corrupción.