Economía

IP de Jalisco se ampara contra omisiones de fiscalías por bloqueos del aeropuerto

La cúpula empresarial del estado de Jalisco acusa que la Fiscalía General de Jalisco y la Procuraduría General de la República no han dado seguimiento a las denuncias por las afectaciones causadas por los bloqueos en el aeropuerto la semana pasada.

El empresariado de Jalisco se amparó contra la Fiscalía General de Jalisco (FGE) y la Procuraduría General de la República (PGR), que incurren en omisiones y prácticas dilatorias ante las denuncias interpuestas por los bloqueos en el aeropuerto de Guadalajara.

Las afectaciones por las manifestaciones en la terminal aeroportuaria alcanzaron a 40 mil pasajeros que vieron cancelados sus vuelos o retrasados, según estimaciones del Grupo Aeroportuario del Pacífico.

Los representantes legales de las cúpulas empresariales se quejan de que las fiscalías estatal y federal no han dado seguimiento a las denuncias por las afectaciones, las cuales en principio fueron rechazadas, expone el abogado Rodolfo Monarque.


"Las denuncias se recibieron hasta que el Juzgado Segundo de Distrito Amparo Penal ordenó que se abrieran que se atendieran y abrieran carpetas de investigación; hay otros actos reclamados que están pendientes para que se cumplan oportunamente", apuntó.

Los grupos empresariales que recurrieron al amparo son la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Jalisco, el Consejo Agropecuario de Jalisco, el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce) de Comercio (Canaco) en Guadalajara.

El legista expone que las PGR y la FGE no actuaron ante la comisión de delitos, de no hacer valer los derechos fundamentales de las víctimas, en este caso pasajeros en general, lo que derivó en detrimentos a los sectores industriales, y responsabilizó a los comuneros a los que se expropiaron los terrenos en los que se asentó la terminal aeroportuaria, "los participantes en los bloqueos incurrieron en probables actos de oposición a la ejecución de obras públicas y afectación a las vías de comunicación".

El abogado explicó que teme se reemprendan los bloqueos ante una eventual revaloración a la baja de los terrenos en litigio, para que las autoridades federales, paguen a los comuneros.

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